jueves, 19 de mayo de 2022

El crecimiento infinito tiene límites y culpables

 


“La Tierra se merece un destino mejor que el que parece aguardarle en los años venideros”. La reflexión es del pionero de la lucha ecologista Murray Bookchin en Ecología de la libertad. Surgimiento y disolución de la jerarquía (Ed. Capitan Swing). Esos años venideros a los que hace referencia el autor son nuestra actualidad, puesto que el libro fue publicado por primera vez en 1982.

Antes de Bookchin, en el año 1972, la experta en dinámica de sistemas Donella Meadows mostraba las consecuencias del crecimiento descontrolado en un planeta finito en su libro Los límites del crecimiento (Ed. Capitan Swing). “El crecimiento tiene costes y beneficios y, por lo general, solemos pasar por alto los costes: la pobreza y el hambre, la destrucción del medio ambiente... ¡Precisamente los mismos problemas que intentamos resolver con el crecimiento!”. La receta de Meadows: “Un crecimiento mucho más lento, una diversificación del crecimiento y, en algunos casos, un crecimiento nulo o negativo”. Una receta de hace ¡cincuenta años!

Unos 90.000 millones de toneladas de materiales consumen cada año los países, muy por encima de los límites de sostenibilidad

La literatura, protagonista del pasado día de Sant Jordi, está llena de ejemplos de publicaciones que advierten del colapso ecológico del planeta de seguir por la actual senda de extracción de materias primas, emisión de gases de efecto invernadero, destrucción de la biodiversidad, generación de residuos... Una senda que tiene en Estados Unidos y Europa sus principales culpables, según un estudio internacional liderado por un investigador del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB).

Se calcula que la economía mundial consume más de 90.000 millones de toneladas de materiales cada año, muy por encima de lo que los ecologistas industriales consideran el límite sostenible. La investigación de ICTA-UAB concluye que los países de renta alta (con el 16% de la población mundial) son responsables del 74% del exceso de uso de recursos entre los años 1970 y el 2017. El 27% de este consumo es atribuido a Estados Unidos y el 25%, a los países de renta alta de la Unión Europea. Por países, China ocupa el segundo puesto del ranking de grandes consumidores, mientras que España está en el puesto número 11.

Volviendo a la literatura ecológica, Bookchin reconoce que la sobreexplotación de recursos no es un problema exclusivo de nuestra época: “Las tierras secas y baldías de Oriente Próximo, cuna de las artes, de la agricultura y del urbanismo, dan fe de un arcaico expolio de origen humano”. Sin embargo, este autor ecoanarquista señala que “aquel ejemplo (el de Oriente Próximo) palidece ante la masiva destrucción del medio ambiente que viene produciéndose desde los días de la Revolución Industrial y especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Entre 1970 y el 2017 el 74% del exceso de usos de recursos fue responsabilidad del 16% de la población

En La ecología de la libertad, Bookchin sostiene que la devastación ambiental, económica y política nace en el momento en que las sociedades humanas comienzan a organizarse jerárquicamente. De este modo, el autor plantea que el sistema jerárquico de las sociedades contemporáneas es insostenible y por lo tanto debe desaparecer, para dar paso a un sistema donde prime la cooperación y la interdependencia, señalando el camino hacia un futuro ecológico, más sano y sostenible.

Bookchin reescribe el “seamos realistas, exijamos lo imposible” de los estudiantes franceses en las insurrecciones de mayo y junio de 1968 y lo convierte en “si no hacemos lo imposible, nos enfrentamos a los impensable”. Pero era optimista (falleció en el 2006): “La capacidad del hombre moderno para la destrucción es una prueba quijotesca de la capacidad de la humanidad para la reconstrucción”.


Lorena Farràs Pérez
lavanguardia

 

 

miércoles, 18 de mayo de 2022

LOS CAMPEONES DE LA EVASIÓN FISCAL

La evasión fiscal no es un talento por el que haya que felicitar a las empresas, sino un robo



Eva Joly agosto 2020

Empecemos primero con un reconocimiento. Bravo a Dinamarca, que abrió el camino, pero también a Polonia, Italia y Francia, que han anunciado que las empresas con sede o filiales en guaridas fiscales —sin contar con actividad económica real— no tendrán derecho a contar con ayudas públicas para hacer frente a la crisis del coronavirus. Así, los gobiernos hacen saber al público que tienen en cuenta su frustración. Ya no es posible justificar los planes de austeridad que han puesto de rodillas a los servicios públicos, empezando por la sanidad, mientras se rescata a grandes grupos que ponen en la cuerda floja a sus trabajadores al tiempo que siguen pagando dividendos a sus accionistas o bonus a sus altos ejecutivos. Tampoco es políticamente aceptable hacer regalos a las multinacionales cuya creatividad en términos de evasión o elusión fiscal y optimización es ilimitada.

Por encima de todo, el objetivo es hacer que los grandes grupos paguen la parte justa de lo que les corresponde: estas promesas son, por supuesto, el resultado de la magnitud de la sangría de las finanzas públicas en un momento en que el producto interno bruto se está derrumbando con un ritmo acelerado – una caída de 7,2% en América Latina, según el Banco Mundial en 2020. En todas partes se está solicitando la intervención del Estado al rescate para evitar una explosión de desempleo y quiebras en cascada.

Pero esta toma de conciencia desde el ámbito de la responsabilidad pública es también el resultado de años de campañas, en todo el mundo, de denunciantes, periodistas, ONG, think tanks e incluso de ciertos partidos políticos, para dejar claro que no, la evasión fiscal no es un talento por el que haya que felicitar a las empresas, sino un robo. Y el hecho de que se produzca y se tolere, amparado por un sistema fiscal internacional anticuado e injusto, no lo hace más justificable.

Estos mismos actores están ahora vigilando para evitar que los anuncios sobre los límites de la ayuda pública sucumban ante la hipocresía. Sí, tenemos que ayudar a las empresas, para preservar los puestos de trabajo y reactivar la economía una vez que lo peor de la pandemia haya pasado. Pero no de forma incondicional. Para tener acceso a estos fondos, las empresas deben comprometerse a no utilizarlos para reestructurar sus deudas —los bancos harían así que los Estados asumieran los riesgos del pasado, recuerden 2008—, ni para despedir a trabajadores, sino también para transformar su actividad hacia una economía más verde.

Este es el momento de abordar la evasión fiscal. Sin excusas. No podemos aceptar que una empresa que reclama ayuda estatal siga reportando altos beneficios en países con impuestos muy bajos, donde tiene, en el mejor de los casos un puñado de empleados, y pérdidas donde concentra el grueso de sus actividades, pero donde los impuestos son más altos. Cada año, el 40% de los beneficios internacionales de las multinacionales se declaran en guaridas fiscales. Estos fondos podrían financiar la salud, la educación y el conjunto de las inversiones públicas que son esenciales para una recuperación más justa.

Seamos claros sobre qué es una guarida fiscal. No estamos hablando solamente de los llamados destinos exóticos, como las Islas Caimán, sino también de todas las jurisdicciones con «fiscalidad muy ventajosa», como Singapur o Hong Kong. También se pueden encontrar dentro de Europa: al optar por establecer sus filiales en los Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y Gran Bretaña, las multinacionales estadounidenses por sí solas hacen que la Unión Europea pierda casi 25.000 millones de euros en impuestos de sociedades al año, revela la ONG Tax Justice Network. Las principales víctimas de esta apropiación indebida son los cuatro países de la Unión Europea donde los casos de Covid-19 fueron más numerosos: 6.400 millones de euros de pérdidas de ingresos para Francia, 3.700 millones para Alemania, un poco menos para Italia y 1.800 millones para España.

A corto plazo, nada impide que quienes son ahora los grandes perdedores de estas prácticas de evasión fiscal, como Francia, Alemania, España o Italia, tomen la iniciativa de disciplinar a sus propias multinacionales. Si estas grandes corporaciones quieren tener derecho al rescate público, deben hacer total transparencia sobre sus prácticas, haciendo pública una imagen consolidada de sus actividades país por país («reporte país por país» en la jerga tributaria). Sobre esta base, cada Estado podrá tomar la decisión de recaudar los impuestos que las guaridas fiscales decidan no recaudar, desempeñando el papel de facto de recaudador de impuestos de último recurso. Esta propuesta, hecha por Gabriel Zucman, miembro como yo de la ICRICT, una comisión que aboga por la reforma de la fiscalidad de las multinacionales, elimina cualquier incentivo para que las guaridas fiscales y otros territorios propongan una reducción agresiva de las cargas tributarias.

Esta sería una verdadera revolución, si los Estados se niegan a ayudar a las empresas que siguen queriendo beneficiarse de la infraestructura y de una fuerza de trabajo sana y educada, en los distintos países en los que operan, pero sin contribuir a su financiación. Frente a las crisis sanitarias y climáticas, la solidaridad es nuestra única salida.

* Eva Joly es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma Internacional del Impuesto sobre Sociedades (ICRICT) y ex miembro del Parlamento Europeo, donde fue vicepresidenta de la Comisión de Investigación sobre el Blanqueo de Dinero, la Evasión Fiscal y el Fraude.

 

 

martes, 17 de mayo de 2022

¿QUIÉN PAGA IMPUESTOS?

 


Mientras la recaudación por Impuesto sobre Sociedades se reduce un 40,59% en quince años, los recursos recaudados por IRPF e IVA aumentan un 30,27% y un 29,79%.

Huye de quien a la hora de hablar de fiscalidad diga “hay que subir los impuestos” o “hay que bajar los impuestos”. No sirve de nada decir que se quieren bajar los impuestos si no se especifica qué impuesto se quiere bajar, a quién se le va a bajar, cuánto se dejará de recaudar y, lo más importante, de dónde se recortará.

Porque cuando hablamos de impuestos estamos hablamos de la sanidad o de la educación pública que queremos. Es por ello que un sistema tributario basado en la progresividad fiscal -tal y como reconoce la Constitución española- cumple una de las funciones primordiales de las instituciones en un estado social de derecho: la redistribución de la riqueza.

Hablemos de impuestos. En el año 2007, el PIB del Estado español alcanzó 1,075 billones de euros (1.075.539 millones de euros) y el número de empresas en activo se situó en 3.336.657. En 2021, por su parte, el PIB ha sido de 1,205 billones de euros (1.205.063 millones de euros) y el número de empresas en activo incrementó hasta las 3.366.570, alcanzando el número más alto en la creación de empresas desde la gran recesión. También los ingresos fiscales han sido superiores en 2021 en comparación con 2007, pasando de 200.676 millones de euros a 223.382 millones (+11,31%).

Igualmente, los beneficios empresariales están de enhorabuena. Si bien es cierto que sería inútil obviar la pandemia y el parón económico, la realidad es que las compañías cotizadas en la Bolsa española consiguieron un beneficio récord de 64.021 millones de euros en el año 2021 -frente a los 9.389 millones de euros de pérdidas el año anterior-. No es de extrañar que Ana Botín afirmara recientemente que “aumentan los ingresos en todos los negocios” o que Josu Jon Imaz constatara que “ha sido un año extraordinario”. Y, si bien la recuperación ha sido más robusta entre las grandes empresas, también ha llegado a las cuentas corporativas de las pequeñas y medianas.

Pero, contrariamente a lo que se podría deducir, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades no ha sufrido la misma suerte. Según los datos ofrecidos por la propia Agencia Tributaria, dicha recaudación ascendió hasta los 44.823 millones de euros en 2007, suponiendo el 22,34% del total ingresado. No obstante, en 2021, y aunque la recaudación por dicho tributo incrementara un 67,9% respecto al año en el que la COVID-19 paralizó la economía, solamente alcanzó los 26.628 millones de euros un 11,92% del total de los ingresos fiscales. Pero no solo los números absolutos son preocupantes. Lo es aún más la evolución del tipo efectivo sobre los beneficios que han pagado las empresas por Impuesto sobre Sociedades. En el año 2000, éste era del 21,42%, en 2005 del 19,69%, en 2010 del 8,95%, en 2015 del 9,83% y en 2020 del 8,30%. Es decir, en las últimas dos décadas ha caído un 61,25% lo que pagan las empresas por sus beneficios.

Inverso ha sido el comportamiento tanto del IRPF como del IVA, incrementándose la recaudación anual por cada uno de los tributos alrededor de 22.000 millones de euros. En cuanto al IRPF, se ha pasado de recaudar 72.614 millones de euros en 2007 a 94.596 millones en 2021. Mientras en 2007 el IRPF suponía el 36,18% del total de la recaudación, en 2021 comprendía el 42,35%. 55.851 millones de euros eran los que se recaudaron a través del IVA en 2007, incrementándose esta cifra hasta los 72.493 millones para el año 2021. Así, si en 2007 los recursos recaudados por IVA equivalían al 27,83% del total de los ingresos fiscales, en 2021 el porcentaje se elevó hasta el 32,45%.

La conclusión es clara. Mientras la recaudación por Impuesto sobre Sociedades se reduce un 40,59% en tan solo quince años, los recursos recaudados por IRPF e IVA incrementan un 30,27% y un 29,79% respectivamente. Extraña redistribución de la riqueza que mientras incrementa la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo, la reduce sobre los beneficios empresariales.

Si analizamos cuánto suponen dichas cuantías sobre el total de los ingresos fiscales, podemos observar que la suma de la recaudación por los tres tributos suponía el 86,35% en 2007 y se mantenía en el 86,72% en 2021. Es decir, que lo que han dejado de pagar las empresas por sus beneficios ha recaído sobre las economías familiares.

Habrá quien diga que España es un infierno fiscal. Sin embargo, cabe recordar que la cuarta economía de la Unión Europea es la decimoctava en cuanto a recaudación -de 27-. Y, lógicamente, tampoco se encuentra entre los primeros puestos si hablamos de presión fiscal. Es más, países como Dinamarca un 47,6%, Francia un 47,5%, Bélgica un 46,2% o Suecia un 43,7%, están muy lejos de España un 37,5%-. La traducción es bien sencilla: El diferencial fiscal de España hace que anualmente se dejen de recaudar 68.400 millones de euros.

Parece sensato pensar que no es de justicia un sistema tributario donde las familias soportan más del 75% de la recaudación tributaria. El sistema tributario español pide a gritos una reforma fiscal. Porque, aunque algunos no quieran verlo, la evidencia empírica nos muestra que un sistema tributario no es solo un elemento de la más elemental justicia social o una garantía de igualdad de oportunidades en la sociedad, sino que es además una herramienta que asegura el dinamismo económico. Las sociedades con mejores índices de igualdad social son también las más prósperas económicamente. 

Daniel Raventós
La Marea

 

domingo, 24 de abril de 2022

COMPRA EN AMAZON AMAZON AMAZON

 













Amazon no pago ni un euro de impuestos en Europa el año pasado

La filial europea de Amazon obtuvo unas ventas récord en 2021 de 51.300 millones de euros, un 17 % más que el año anterior. Aun así, el gigante del comercio electrónico y de servicios de computación en la nube no pagó ni un solo euro en impuesto sobre la renta en el continente. ¿Cómo es posible?

La compañía estadounidense ha podido esquivar el pago de esas tasas gracias a que su rama Europea declaró unas pérdidas de 1.160 millones de euros, según revelan documentos internos a los que ha tenido acceso Bloomberg. Además esa estrategia de ingeniería fiscal ha permitido a Amazon recibir hasta mil millones de euros en créditos fiscales.

La filial europea del gigante está radicada físicamente en Luxemburgo e incluye los ingresos generados por la actividad de sus servicios de comercio electrónico en países como España, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, Suecia y Países Bajos. Desde Luxemburgo se venden productos a cientos de millones de hogares en el continente.

Los responsables de Amazon señalaron que la empresa paga impuestos de Sociedades por valor de cientos de millones de euros en todos los países europeos en los que opera. Sin embargo, la compañía recurre desde hace años a la declaración de pérdidas, que justifica con las inversiones para desplegarse en el territorio europeo.

El Periódico - Carles Planas Bou – Barcelona 22 abril 2022

 

viernes, 11 de febrero de 2022

5 Valores que nos enseña Rafa Nadal, deportista modelo y persona ejemplar

 Este contenido es de un artículo publicado en un medio


Rafa Nadal es tímido, disciplinado, humilde y respetuoso. Fue en 1989 cuando cogió una raqueta por primera vez y con 8 años fue campeón de Baleares, y de España a los 11 y 12. Desde entonces, no ha parado de acumular victorias. Ahora, a pesar de verse obligado a abandonar las pistas durante una temporada por su lesión en un pie, y después de atravesar momentos de extrema dificultad, acaba de proclamarse ganador del Open de Australia, apuntándose su 21º Grand Slam

Ver artículo completo https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/actualidad/rafa-nadal-valores/

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Y a mí me enseñó un Sexto Valor, su Modelo Empresarial que aprendí en el año 2012 cuando Rafalito tenía sus empresas en el País Vasco hasta que Hacienda le obligo a cambiarlas de domicilio fiscal ya que tributaban en el País Vasco sin que tuvieran allí su actividad, y Rafalito las regularizó pagando varios millones

Aquí podéis ver más detalles “Vergonzoso e Indignante, Hacienda obliga a las sociedades del tenista Nadal a cambiar su domicilio del Paraíso Fiscal del País Vasco”
https://www.economiacatastrofica.net/2012/02/vergonzoso-e-indignante-hacienda-obliga.html





sábado, 5 de febrero de 2022

Catalunya prevé ocupar el 2,5% del territorio con aerogeneradores y placas solares

Aerogeneradores en Layna (Soria)

El Govern considera fundamental el parque eólico marino Tramontana e instalar 1.000 megavatios ante la costa de Girona antes del 2030

El objetivo medioambiental requiere la reducción del consumo del 41,5% en 30 años y multiplicar las centrales de energía renovable

La revolución energética está ya en marcha en Catalunya. Las principales conclusiones del plan previsto por el Govern es que será posible alcanzar un suministro energético basado en energías renovables y el cierre de nucleares en el 2050, pero para ello será necesario incrementar la generación, reducir el consumo el 41,5% y ocupar al menos el 2,5% del territorio catalán con instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Esa ocupación será equivalente a unas 80.000 hectáreas que actualmente es terreno no urbanizable (con unas 3.000 hectáreas correspondientes a tejados con placas solares). La 'consellera' de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que presentó este viernes las conclusiones del estudio realizado por el Institut Català d’Energia (ICAEN), destacó que la emergencia climática requiere urgencia y políticas capaces de congeniar la eficiencia energética con un modelo energético catalán limpio y consensuado con el territorio. Esta urgencia llega tras 10 años de práctico estancamiento de las energías renovables en Catalunya por la falta de un marco legal claro. En ese modelo diseñado por el Govern, la electrificación pasará de suponer el 24,8% de la generación energética al 76,4% del total. Catalunya deberá multiplicar por 20 su capacidad de generación de energía solar y al menos por cinco la eólica (con los polémicos aerogeneradores) en 2030 para cumplir con sus objetivos.

En ese dibujo de un nuevo sistema de generación energética, Jordà reconoció que las más de 500.000 instalaciones fotovoltaicas previstas en el 2050 "no serán suficientes" para compensar el cierre de nucleares y afrontar la electrificación, por lo que es necesario asumir un "reto gigantesco" tanto en inversiones como en cambio de hábitos de los ciudadanos. En su opinión, la población deberá asumir cambios, también en movilidad, pero también en el paisaje. En esa línea, opinó que el parque eólico marino Tramuntana previsto ante la costa de Girona en aguas exteriores es fundamental y tendrá un gran protagonismo en ese plan de multiplicar por 18 la potencia eléctrica instalada entre el 2017 y el 2050. Ese plan prevé la instalación de aerogeneradores en alta mar capaces de producir un millar de megavatios de potencia ya a partir del 2030 y llegar a 3.500 megavatios en el 2050. El parque eólico de la Costa Brava se situaría a unos 24 kilómetros de la costa y su autorización depende del Gobierno de España al contar con una potencia superior a los 50 megavatios.

La directora de ICAENMarta Morera, es una de las artífices de esa hoja de ruta que abarca un total de 20 estrategias energéticas que relacionan la evolución prevista de la demanda y las necesidades energéticas futuras, teniendo en cuenta que el análisis deberá adaptarse a los adelantos tecnológicos que se vayan produciendo y puede haber cambios (por ejemplo en las técnicas de almacenamiento de energía). Según ese plan, la dependencia energética exterior pasará del 94,2% actual al 6,7% en 2050, sin contar los usos no energéticos de la energía. El análisis calcula que será necesario instalar 12.000 MW de energías renovables adicionales en 2030 y hasta casi 62.000 MW en 2050 para alcanzar un sistema eléctrico totalmente descarbonizado, cifra que requerirá la ocupación de ese 2,5% del territorio para usos energéticos. Los ámbitos del transporte (-50,6%) y el doméstico (-34,2%) son los que protagonizarán una mayor reducción en el consumo de energía.

Reparto de instalaciones en el territorio

Será clave en esa transición energética el consenso de los territorios para que no pase a ser el entorno rural el único en contribuir a la generación eléctrica que requieren los grandes núcleos de población. El Govern tendrá también que lidiar con la oposición de los municipios de la costa de Girona, que se oponen a que se instalen grandes aerogeneradores, por los efectos que pueden tener en términos de turismo náutico o pesca. En esta línea, el Govern siempre ha defendido que la generación eléctrica se encarne en un modelo "distribuido", tanto desde un punto de vista geográfico como empresarial.

El teórico sistema energético catalán limpio, autóctono, eficiente y competitivo es posible, opinó Jordà, siempre y cuando se apliquen y potencien diferentes estrategias que requieren menor consumo y mayor generación de energías renovables. Además, cada vez más consumos pasarán a ser eléctricos, con el objetivo de aprovechar la mayor flexibilidad del sistema eléctrico para introducir energías renovables y reducir emisiones contaminantes. La movilidad eléctrica, la climatización de los edificios con sistemas de bomba de calor o la electrificación de parte de los procesos industriales sumarán en esta dirección. Así, si en 2017 el grado de electrificación de la demanda de energía era del 24,8%, para el año 2030 se espera que sea del 34,2% y para 2050, que aumente hasta el 76 ,4%. De hecho, se prevé que la demanda eléctrica se multiplique por 2,3 en el periodo 2017-2050, hasta prácticamente alcanzar los 100 TWh anuales.

Ahorro y eficiencia energética

La combinación de las medidas de ahorro y eficiencia energética y el proceso de electrificación hará que la intensidad energética final en 2030 se reduzca un 19,3% respecto del actual, mientras que esta reducción será del 57% en el año 2050. Esto significa que se desacoplará el crecimiento económico de la evolución del consumo de energía, y que en 2050 Catalunya de manera general consumirá casi la mitad de la energía que necesita hoy para producir un producto o disponer de un servicio, que la correlación entre el crecimiento económico y el consumo energético no será tan lineal como en la actualidad.

De acuerdo con los cálculos efectuados, para el año 2030 será necesario incorporar hasta 12.000 MW de energías renovables (5.000 MW de energía eólica y 7.000 MW de fotovoltaica), cifra que deberá crecer hasta los casi 62.000 MW en el 2050, 18 veces la potencia instalada actualmente. Estas cifras deben permitir, por un lado, hacer frente al cierre previsto de las centrales nucleares, y por otro hacer que la energía eólica suponga el 50% de la generación eléctrica del país y la fotovoltaica, el 43% el año 2050.

Se ha previsto la instalación de más de 11.000 MW en instalaciones fotovoltaicas en edificios y 2.600 MW de energía fotovoltaica en otros espacios antropizados, que aportarán hasta el 40% del total de la energía solar que se genere en Catalunya. En conjunto, hasta 2050 entrarán en servicio alrededor de las 500.000 instalaciones de energía eléctrica en tejados y cubiertas, muchas de ellas asociadas a sistemas de autoconsumo y generación distribuida, que permitirán aprovechar hasta un 65% de su total potencial.

Según el análisis realizado, el creciente uso de baterías eléctricas y los sistemas hidroeléctricos de bombeo y una gestión distinta de las centrales hidroeléctricas con embalse deben permitir garantizar el equilibrio entre oferta y demanda cada hora del año.

El hidrógeno producido a partir de energías renovables tendrá un papel significativo en el escenario objetivo. Las previsiones indican que este vector energético estará presente como materia prima en determinados procesos industriales que necesitan hidrógeno y, de forma selectiva, como combustible en aquellos sectores y usos energéticos que son difíciles de electrificar (transporte marítimo y transporte pesado de mercancías por carretera, hornos industriales de muy alta temperatura). En este sentido, se calcula que la producción de hidrógeno de origen renovable como combustible y/o materia prima en el sector energético, transporte e industria será de casi 95.000 toneladas en 2050.

elPeriódico.com   Eduardo López Alonso   4 febrero 2022

 

 

jueves, 3 de febrero de 2022

El ocaso de las sicavs: por qué los vehículos de inversión de los ricos españoles tienen las horas contadas

Una parte de las sicav españolas cotizan en Bolsa (en la imagen, el parqué madrileño)

Las sicavs (sociedades de inversión de capital variable, que suelen utilizarse como vehículo de inversión para altos patrimonios, pues se exige un mínimo de 2,4 millones de euros) estrenaron nuevo traje normativo y fiscal el 1 de enero. Básicamente se concreta en que, para seguir tributando como hasta ahora al tipo del 1% en el impuesto de sociedades, estas compañías deben contar al menos con 100 accionistas —no cambia respecto a lo antes vigente—, pero con participaciones individuales que sean de 2.500 euros o más y se mantengan como tales al menos durante 3⁄4 partes del año (nueve meses). He aquí la novedad de este año. En vista de que son mayoría, según los técnicos, las sicavs que no cumplen esta condición —gran parte de sus accionistas son los conocidos mariachis, socios testimoniales o inversores “de paja”— se ofrece un régimen transitorio para que puedan disolverse y liquidarse antes del 31 de diciembre de 2022 sin coste fiscal.

Los socios actuales de las sicavs que se disuelvan no tributarán en sus impuestos personales por los rendimientos obtenidos hasta ahora en sus inversiones siempre que reinviertan la totalidad de su patrimonio en una o varias instituciones de inversión colectiva (básicamente fondos de inversión). También estarán exentos de pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre transacciones financieras de las adquisiciones de valores derivadas de estas operaciones.

Es cierto que, después de casi una década de rumores variopintos sobre el futuro de las sicavs, la nueva norma ha conseguido recibir mayoritariamente dos bloques de calificativos, en principio, contradictorios: “positiva/benévola” y “negativa/perjudicial”. El primero lo explica Miguel Solbes, director de Planificación Patrimonial de Creand WM: “El nuevo marco normativo dota de seguridad jurídica a este tipo de vehículos y a sus accionistas. Sin perjuicio de que es necesario hacer un análisis individualizado de cada caso, puede decirse que, con carácter general, se ha habilitado un mecanismo de salida para los accionistas de las sicavs en unas condiciones favorables”. La segunda opinión la justifica Eduardo Martín, responsable de Legal & Wealth Solutions en Edmond de Rothschild España: “Simplemente en la medida en que este cambio podía haber sido mucho más estricto: desde imponer inversiones mínimas más cuantiosas y más duraderas a los socios de una Sicav, obligar al pago de impuestos en la liquidación…”.

Para Leticia Silva Allende, analista patrimonial de Diaphanum, con la nueva norma “son más los perjudicados que los beneficiados. Además de los inversores en las sicavs, la industria española de la gestión de activos puede verse perjudicada (posible cierre de gestoras y pérdidas de empleos), además de la propia CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y otros proveedores (como auditores) que dejarán de ingresar por servicios prestados a estos vehículos de inversión”. En este sentido, Rafael Juan y Seva, socio director comercial de Wealth Solutions, “el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) también va a perder previsiblemente una parte importante de su negocio. Las sicavs cotizan en él y si, como esperamos, en torno al 80% de las actuales acaban disolviéndose, evidentemente dejarán de hacerlo y de pagar los gastos correspondientes”.

Al margen de las valoraciones de la reforma, la realidad es que los plazos para adaptarse al nuevo marco legal han empezado a correr. El próximo 31 de enero llega el primero. Para ese día, los consejos de administración de las más de 2.300 sicavs españolas con un patrimonio conjunto, según los datos de la sociedad de investigación de mercado VDOS, superior a los 29.000 millones a 31 de diciembre de 2021, deben informar a la CNMV sobre cómo diseñarán su futuro. Alternativas tienen varias: desde mantenerlas (como hasta ahora o buscando nuevos socios hasta completar el centenar requerido con 2.500 euros cada uno y voluntad de permanencia) hasta disolverlas y liquidarlas pasando por transformarlas en sociedades anónimas o sociedades de inversión libre (SIL), fusionarlas con otras sicavs o fondos de inversión, llevarlas a Luxemburgo, Irlanda…

Como el tiempo corre, a falta de una semana para este primer vencimiento, hay ciertos nervios y dudas. Incluso cansancio. Entre los propietarios de las sicavs y entre quienes hasta ahora las gestionaban: mayoritariamente bancos —con más de 16.000 millones de euros acaparan el 56% del mercado— pero también entidades españolas independientes (unos 5.400 millones de euros bajo gestión), grupos de inversión internacionales (cerca de 6.600 millones) y aseguradoras. No hay una solución única calificada como la mejor, según los expertos. Depende, aseguran, del volumen de dinero de cada una de ellas, de los activos que componían su cartera, de si pertenecen a personas físicas o jurídicas, del número de socios con el que cuentan en la actualidad, de los costes de gestión asociados y un largo etcétera.

Conoce en profundidad todas las caras de la moneda.

Pros y contras

Miguel López, director del Área Técnica de Ibercaja Gestión, explica que todas las opciones tienen ventajas e inconvenientes, por lo que se trata de “diseñar trajes a medida”. A su juicio, disolver y liquidar una sicav —opción que previsiblemente será mayoritaria, sobre todo, entre las que cuentan con patrimonios por debajo de los 15 millones de euros— tiene el inconveniente de que los socios, al traspasar su dinero a fondos, pierden parte de su derecho a decidir en la gestión de sus inversiones. “No hacerlo y recurrir a la fusión de sicavs puede plantear problemas ante la Agencia Tributaria al tener que justificar un motivo económico para ello”, añade.

Para Fernando Cifuentes, director de fondos abiertos de Beka Finance, “la opción que previsiblemente se use más será la disolución y liquidación de la sicav y el traslado de su patrimonio a fondos de inversión; solo para aquellas con patrimonios superiores a los 10-15 millones puede resultar rentable trasladarse a Luxemburgo o Irlanda, donde los costes son mayores”.

Un último apunte: el calendario para las sicavs no ha hecho más que empezar, pues se han marcado diferentes plazos hasta el 31 de julio de 2023. De hecho, una vez que las sicavs comuniquen a la CNMV su intención de disolverse, mantenerse, fusionarse… deben convocar una junta general de accionistas que debe ratificar la propuesta; posteriormente habrán de registrar las operaciones y reinvertir activos.

Piedad Oregui    23 enero 2022

 


miércoles, 2 de febrero de 2022

Una renta básica daría mayor libertad a los trabajadores para aceptar o rechazar un empleo

El pasado 27 de noviembre se publicó Renta básica: una herramienta de futuro, primer trabajo en solitario del economista Julen Bollain (Éibar, 1990). A solo 48 horas de defender la tesis doctoral que dio origen a este debut editorial, Bollain recibe a CTXT para hablar sobre un libro con el que pretende bucear en “las tripas del sistema administrativo” para contar lo que ha visto sin palabras biensonantes, “por duro que suene”. El resultado son casi 200 páginas de impugnación a todo lo que está mal en el régimen neoliberal, con prólogo de Daniel Raventós y epílogo de Guy Standing, dos auténticas referencias en la materia.

Con la renta básica como leitmotiv y pretexto del estudio, el eibarrés disecciona con enorme precisión todas y cada una de las principales disfuncionalidades de un sistema que acumula por desposesión. Pero no se queda solo en la muestra de las deshilachadas costuras, sino que ofrece la aguja de la redistribución y el hilo de la renta básica para ir recomponiendo los dramáticos rotos provocados por un capitalismo que define como “un sistema demoníaco lleno de callejones sin salida”. Ese es el verdadero punto fuerte del libro: la claridad con la que presenta la renta básica como una medida respaldada por estudios sólidos que podría aplicarse mañana mismo.

En el prólogo, Daniel Raventós destaca tu capacidad para combinar la lucha política con la investigación académica. Además, el libro está claramente enfocado en la actualización de las teorías de la renta básica y en la presentación de sus bondades de forma práctica y aplicable a la realidad social. ¿Crees que falta voluntad de traer la renta básica más acá de las teorías sesudas?

Creo que hace tiempo que la renta básica consiguió superar la barrera de lo académico para ir haciéndose hueco en los movimientos sociales. Lo hemos comprobado durante la pandemia: ha habido manifiestos a favor de la renta básica desde movimientos feministas, LGTBI, de profesionales de la salud mental o ¡hasta del mismo Papa Francisco! En parte, por eso, en este libro miro al futuro y trato de dar continuidad a lo que se ha hecho hasta ahora. 

En el caso de España, en 2020, la cobertura de la renta mínima se situaba en el 28% de la renta mediana de los ingresos a nivel nacional

Uno de los mayores retos es político. Tenemos que movilizarnos y presionar a los políticos para que actúen. La mayoría tienen, tal y como dice Guy Standing en el epílogo del libro, alma de espagueti. Es decir, no tienen mucho valor intelectual, pero sí entienden la presión. La cuestión es si la gente de a pie –tú y yo– queremos un cambio. La última encuesta realizada al respecto en la Unión Europea evidenció que el 64% de la ciudadanía europea votaría a favor de una renta básica. 

Tras la II Guerra Mundial, la idea de renta básica –cuyo rastreo histórico te lleva hasta el s. XVI– se abandona en favor de modelos condicionados en los que la asistencia pública se brinda solo a quien puede demostrar que se encuentra en una situación “de necesidad”. Esto genera una idea individualista y patriarcal del Estado del Bienestar, en el cual recibir ayuda es penalizado y estigmatizado. ¿Cuáles son las consecuencias de esta evolución?

Las consecuencias son claras porque, lo que realmente diferencia a los programas de rentas mínimas y a la renta básica, es su diferente concepción expresada en términos de libertad. Las rentas mínimas ayudan a las personas una vez éstas han “fracasado” y esta asistencia ex post conduce irremediablemente a una pérdida de libertad. La renta básica, no obstante, actúa ex ante, garantizando a toda la población la existencia material de entrada y, por lo tanto, aumenta la libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica. Una persona no puede ser libre si no tiene su existencia material garantizada.

“Aún hoy en día, la mayoría de los países de la OCDE mantienen las cuantías de sus rentas mínimas por debajo del umbral de la pobreza, imposibilitando de facto que las familias que reciben estas prestaciones superen esta barrera”, una afirmación que respaldas con datos incontestables. ¿Qué dice eso del diseño y el objetivo de las rentas mínimas?

¡Ojalá tuviera una respuesta que no me hiciera sentir absoluto desprecio por algunos gobernantes! Es un despropósito. En el caso de España, en 2020, la cobertura de la renta mínima se situaba en el 28% de la renta mediana de los ingresos a nivel nacional. Si el 60% es el umbral de la pobreza y el 40% es el umbral de pobreza severa, podéis haceros una idea de lo que significa el 28%.

En un modelo de sociedad trabajocentrista, las rentas mínimas son vistas como un instrumento que corrige cualquier desviación que disienta con el camino marcado por los designios del mercado laboral. ¿Cabe la implantación de una renta básica sin haber roto la incuestionabilidad de ese modelo? 

Yo creo que ese modelo lleva años siendo cuestionado. Las personas cada vez estamos más decididas a trabajar para vivir y no a vivir para trabajar. Diría que hay dos aspectos clave que nos van a hacer avanzar hacia este nuevo paradigma social. En primer lugar, la evolución del mercado laboral. Parecería lógico pensar que, si el mercado laboral es incapaz de garantizar empleo de calidad para todas las personas, habrá que garantizarles la subsistencia, independientemente del mercado. 

Estamos en un momento en el que podemos aprovechar el aumento de la productividad con el fin de conseguir ampliar el tiempo libre de la gran mayoría social. Tenemos la oportunidad de repartir el trabajo existente –el remunerado y el no remunerado– para que todas las personas podamos vivir vidas más dignas, más nuestras y más equilibradas. 

En segundo lugar, la crisis ecológica. Debemos buscar un equilibrio entre la economía y los límites del planeta. Si uno de los objetivos para luchar contra la crisis climática es que no exista un gran crecimiento agregado –o incluso un decrecimiento– y limitarnos, en la medida de los posible, a la utilización de los recursos que el planeta es capaz de (re)generar, la única forma de reducir las desigualdades y evitar una mayor polarización en la sociedad es mediante una redistribución de los recursos existentes.

¿Qué papel juega el discurso de las “paguitas” en todo esto?

A quien hable de “paguitas” le recomendaría que acompañara a una persona a los servicios sociales y viera lo idílico de la situación. “Paguita” es lo que reciben todos los meses los multipropietarios de la economía rentista o las bonificaciones a los grandes patrimonios y las grandes herencias.

Este estigma social tiene su nacimiento en el establecimiento en nuestra sociedad de un modelo meritocrático basado en una supuesta promoción de las personas según su mérito y no según su origen social, riqueza o sistema de relaciones. Este modelo meritocrático, que permite legitimar la desigualdad que se da en nuestra sociedad por parte de quienes dan forma a las reglas económicas, sociales y políticas, ha asentado las bases para la creación de un discurso de odio, juicio y rechazo al pobre.

Uno de los hilos conductores del libro es la relación que haces entre la concentración de riquezas y el dominio –dominium, lo llamas– en términos de poder político, mediático, ideológico. ¿Puede existir democracia en un contexto de desigualdad extrema como el actual?

No. Durante las últimas décadas, gran parte de la atención política y académica se ha centrado exclusivamente en estudiar y tratar de aminorar la pobreza extrema. Sin embargo, ésta solo es una fracción de la ecuación de la desigualdad. La otra gran fracción, que pasado mucho más desapercibida, es la concentración extrema de la riqueza.

Este modelo meritocrático ha asentado las bases para la creación de un discurso de odio, juicio y rechazo al pobre

Quienes somos partidarios de la libertad republicana defendemos que no puede existir libertad para la mayoría social cuando la riqueza está distribuida de una forma tan desigual que permite a unos pocos privilegiados ejercer el dominium e imponer su concepción privada de la buena vida.

David Harvey, teórico social marxista, dijo recientemente en una entrevista concedida a Jacobin lo siguiente: “En Silicon Valley quieren una renta básica universal para que la gente tenga suficiente dinero para pagar Netflix, eso es todo. ¿Qué mundo es ese? Hablamos de una distopía”. ¿Existe el riesgo de que el neoliberalismo coopte una medida como la renta básica?

Para preguntarnos si una renta básica es de derechas o de izquierdas tenemos que observar cómo se financia. La derecha quiere hacerlo en detrimento del Estado del Bienestar, cogiendo toda su estructura –pensiones, educación, sanidad, etc.– para hacerla paquetitos y darle a cada uno su parte. ¿Qué pasa?, que luego no habrá sanidad ni educación gratuitas. Por otro lado, la izquierda entiende que la renta básica debe ser compatible con el Estado del Bienestar. Los estudios que aparecen reflejados en el libro demuestran que su financiación no detrae ni un solo euro del Estado del Bienestar, de lo que se recaudaba anteriormente. Es una redistribución de la riqueza del 20% más rico al 80% restante. Se puede decir que es un servicio público más.

Desde un enfoque de género, la renta básica tendría un impacto enorme en la lucha de las mujeres por su emancipación. Tanto es así, que has decidido dedicar un apartado específicamente a la denominada “crisis de cuidados”. Con un mercado laboral tan claramente patriarcal, ¿no depender del empleo es condición de posibilidad para avanzar hacia la liberación de la mujer?

No depender del empleo es condición para avanzar hacia la liberación de las personas en general. Indudablemente, una renta básica dotaría de mayor libertad y de un mayor poder de negociación a la clase trabajadora a la hora de aceptar o rechazar un empleo, porque las personas tendrían la posibilidad de no verse obligadas a aceptar trabajos de mierda. Y, como dices, quienes más pueden ver mejorada su relación de fuerzas son las personas que sufren mayor precariedad el mercado laboral: mujeres y jóvenes.

Desde la advertencia que hace Raventós en el prólogo, previendo que a “ciertas izquierdas” no les va a gustar tu libro, me he preguntado si habéis notado reticencias hacia la renta básica desde ese fundamentalismo obrerista tan en boga últimamente.

Siempre ha habido un sector de la izquierda al que no le ha gustado la filosofía de la renta básica. Es un sector que tiene muy grabado a fuego el “te ganarás el pan con el sudor de tu frente”, y nosotros entendemos que esto no debe ser así. cualquiera debe tener la existencia material garantizada por el mero hecho de ser persona y no por tener un empleo. 

También hay cierto sector de la izquierda –llamémosle más trabajista– que, a veces, parece que no entiende que el mundo está cambiando. Y cuando el mundo ya no es capaz de dar respuesta a algunos problemas bajo las teorías que ellos presentan, lo que hacen es echarle la culpa al mundo, en vez de darse cuenta de que es precisamente su inmovilismo el que impide que una izquierda más amplia consigamos avanzar en conjunto. 

Terminamos con la cita de Arthur C. Clarke que encabeza tus conclusiones: “Cada nueva idea pasa por tres fases. Primera: es una locura, no me haga perder el tiempo. Segunda: es posible, pero no vale la pena. Tercera: ¡ya dije desde el principio que era una buena idea!”. ¿Dónde está la renta básica?

Yo creo que estamos en la segunda ahora mismo: “Es posible, pero no vale la pena”. ¿Por qué?, porque la renta básica exige la movilización de grandes recursos económicos y hay muchas reticencias al respecto. Aunque con la pandemia ha ido cambiando un poco, el discurso neoliberal todavía está muy presente en nuestro imaginario colectivo, ver los impuestos básicamente como un robo legal. Aquí falta mucha voluntad política. Quizá es el momento de analizar ese absurdo que muestra que cuanto más alejado estás del poder, mayor es tu apoyo a la renta básica. Un apoyo que parece que, como el agua en su punto de ebullición, empieza a evaporarse a medida que se van tocando posiciones de poder. 

Diego Delgado Gómez     ctxt  diciembre 2021

  


 

martes, 1 de febrero de 2022

La solución del 2% para frenar la crisis climática

El pensador israelí Yuval Noah Harari, autor del ‘best seller’ ‘Sapiens’, ha calculado cuánto costaría hacer frente al gran desafío que tiene ante sí la humanidad: un 2% adicional del PIB mundial. Solo hace falta organización y decisión


Yuval Noah Harari
23 ene 2022

 


                                                                       TWEEMUIZEN

A medida que la crisis climática se agrava, hay demasiada gente que está pasando de negar la evidencia a la desesperanza. Hace unos años era habitual oír a personas que negaban el cambio climático, restaban gravedad a la amenaza o alegaban que era demasiado pronto para preocuparse por ella. Ahora son muchos los que dicen que es demasiado tarde. Se avecina el apocalipsis y no podemos hacer nada para evitarlo.

La desesperanza es tan peligrosa como la negación. Y es igual de engañosa. La humanidad dispone de recursos inmensos y, si los utiliza de forma sensata, aún puede evitar el cataclismo medioambiental. ¿Cuánto costaría exactamente detener el apocalipsis? Si la humanidad quiere prevenir un cambio climático catastrófico, ¿cuánto dinero tendríamos que pagar?

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Como es natural, nadie lo sabe a ciencia cierta. Mi equipo y yo hemos dedicado semanas a estudiar distintos informes y documentos académicos, inmersos en una nube de números. Los modelos en los que se basan los cálculos son de una complejidad abrumadora, pero el resultado es alentador. Según la Agencia Internacional de la Energía, para lograr una economía con cero emisiones netas de carbono bastaría con invertir un 2% del PIB mundial anual más de lo que ya gastamos en nuestro sistema energético. En una encuesta llevada a cabo recientemente por Reuters entre economistas especializados en el clima, la mayoría coincidió en que alcanzar la neutralidad en carbono no costaría más que entre el 2% y el 3% del PIB mundial anual. Otras estimaciones calculan un coste ligeramente inferior o ligeramente superior para descarbonizar la economía, pero todos los cálculos indican porcentajes muy bajos del PIB mundial anual.

Estas cifras están en consonancia con las valoraciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que en su histórico informe de 2018 afirmaba que, para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados, las inversiones anuales en energía limpia debían aumentar hasta aproximadamente el 3% del PIB mundial. Dado que la humanidad ya invierte alrededor del 1% del PIB mundial anual en energías limpias, no necesitamos más que un 2% adicional.

Los cálculos anteriores se centran en el coste de transformar los sectores de la energía y el transporte, que son, con mucho, los de más peso. Sin embargo, también hay otras fuentes de emisiones, como el uso del suelo, la silvicultura y la agricultura. Ya saben, los famosos pedos de vaca. La buena noticia es que muchas de estas emisiones pueden reducirse de forma barata solo con cambios de comportamiento: por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne y productos lácteos e introduciendo más vegetales en nuestra dieta. Comer más verduras no cuesta nada y puede contribuir a que vivamos más (nosotros y los bosques tropicales).

Podemos discutir hasta el hartazgo sobre las cifras y ajustar los modelos en uno u otro sentido. Pero no debemos quedarnos en las matemáticas, sino tener una visión de conjunto. Lo fundamental es que el precio de prevenir el apocalipsis asciende a un mínimo porcentaje del PIB mundial anual. No el 50% ni el 15%. Es inferior al 5%, quizá incluso nada más que un 2% más del PIB mundial invertido en las partidas adecuadas.

Y destaco la palabra invertir. No estamos hablando de quemar montones de billetes como gran sacrificio a los espíritus de la tierra. Estamos hablando de invertir en nuevas tecnologías e infraestructuras; por ejemplo, baterías avanzadas para almacenar la energía solar y redes eléctricas actualizadas para distribuirla. Estas inversiones crearán numerosos puestos de trabajo y nuevas oportunidades económicas y es probable que sean económicamente rentables a largo plazo, en parte por la reducción de los gastos sanitarios y por evitar que millones de personas caigan enfermas debido a la contaminación atmosférica. Podemos proteger a las poblaciones más vulnerables de las catástrofes relacionadas con el clima, dejar un mejor futuro a las generaciones venideras y, de paso, crear una economía más próspera.

Esta magnífica noticia ha quedado en cierto modo marginada en el acalorado debate sobre el cambio climático. Debemos destacarla, no solo para dar esperanza a la gente, sino sobre todo porque puede traducirse en un plan concreto de actuación política. En los últimos años hemos aprendido a definir nuestro objetivo con un valor numérico: 1,5 grados. Y podemos definir los medios para alcanzarlo con otro número: 2%. Aumentar la inversión en tecnologías e infraestructuras ecológicas en dos puntos porcentuales por encima de los niveles de 2020.

Por supuesto, a diferencia de la cifra de 1,5 grados, que es un umbral sólido, con base científica, la cifra del 2% no representa más que un cálculo aproximado. Debe entenderse como una cifra posible, útil para enmarcar el tipo de proyecto político que necesita la humanidad. Nos dice que evitar un cambio climático catastrófico es un proyecto totalmente factible, aunque es evidente que costaría mucho dinero. Si, en la actualidad, el PIB mundial asciende a unos 85 billones de dólares (unos 75 billones de euros), el 2% suma alrededor de 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros). Eso significa que, para salvar el medio ambiente, no es necesario arruinar por completo la economía ni renunciar a los logros de la civilización moderna. Solo tenemos que fijar como es debido nuestras prioridades.

No pensemos que firmar un cheque por el 2% del PIB mundial anual es la panacea, ni mucho menos. Eso no resolverá todos nuestros problemas medioambientales, como el plástico que invade los océanos o la pérdida continua de biodiversidad. Incluso para evitar un cambio climático catastrófico, tendremos que asegurarnos de que los fondos se inviertan en las partidas adecuadas y de que las inversiones no causen nuevos daños medioambientales ni sociales. Si destruimos una serie de ecosistemas al extraer metales raros necesarios para la industria de las energías renovables, podría decirse que perdemos tanto como ganamos. Además, tendremos que cambiar algunos comportamientos y modos de pensar, desde lo que comemos hasta nuestra forma de viajar. No será fácil. Pero precisamente para eso tenemos a los políticos: su trabajo consiste en abordar las cosas difíciles.

De hecho, los políticos tienen una gran habilidad para transferir el 2% de los recursos de un lado a otro. Lo hacen todo el tiempo. A la hora de la verdad, la diferencia entre las políticas de los partidos de derechas y los de izquierdas suele ser solo de unos cuantos puntos porcentuales del PIB. Cuando surge una crisis verdaderamente importante, los políticos se apresuran a asignar muchos más recursos para combatirla. Por ejemplo, en 1945, Estados Unidos dedicó casi el 36% del PIB a ganar la Segunda Guerra Mundial.

Durante la crisis financiera de 2008-2009, el Gobierno de Estados Unidos gastó alrededor del 3,5% del PIB en el rescate de las instituciones financieras consideradas “demasiado grandes para quebrar”. ¿Quizá la humanidad debería tratar también la selva amazónica como un ente “demasiado grande para quebrar”? Teniendo en cuenta el precio actual de las tierras de bosques tropicales en Sudamérica y el tamaño de la selva amazónica, comprarla en su totalidad para proteger los bosques locales, la biodiversidad y a las comunidades humanas frente a intereses empresariales destructivos costaría aproximadamente 800.000 millones de dólares, es decir, una cantidad inferior al 1% del PIB mundial.

Solo en los primeros nueve meses de 2020, los gobiernos de todo el mundo anunciaron medidas de estímu­lo por valor de casi el 14% del PIB mundial para hacer frente a la pandemia de covid-19. Con suficiente presión ciudadana, los políticos pueden hacer lo mismo para hacer frente a la crisis medioambiental, igual que los bancos de inversión y los fondos de pensiones. Estos últimos tienen un capital de unos 56 billones de dólares. ¿De qué sirve tener una pensión si no hay futuro?

En la actualidad, ni las empresas ni los gobiernos están dispuestos a realizar la inversión adicional del 2% necesaria para evitar un cambio climático catastrófico. ¿Dónde invierten el dinero?

En 2020, los gobiernos invirtieron 2 billones de dólares en sus ejércitos, lo que representa el 2,4% del PIB mundial. Otro 2,4% del PIB mundial se gasta cada dos años en alimentos que se desperdician. Los gobiernos también dedican alrededor de 500.000 millones de dólares anuales, increíblemente, en subvenciones directas a los combustibles fósiles. Es decir, cada 3,5 años, los gobiernos regalan una cantidad equivalente al 2% del PIB mundial anual al sector de los combustibles fósiles. Y eso no es todo. Si se tienen en cuenta los perjuicios sociales y medioambientales que causa la industria de los combustibles fósiles (y dado que no se le pide que pague por ellos), el valor de estas subvenciones asciende en realidad a nada menos que el 7% del PIB mundial anual.

Pasemos ahora a la evasión fiscal. La UE calcula que el dinero oculto por los ricos en los paraísos fiscales representa alrededor del 10% del PIB mundial. Cada año, las empresas ocultan otros 1,4 billones de dólares de beneficios en paraísos fiscales, lo que equivale al 1,6% del PIB mundial. Es probable que para evitar el apocalipsis tengamos que crear varios impuestos nuevos. Pero ¿por qué no empezamos por cobrar los antiguos?

El dinero existe. Por supuesto, una cosa es hablar de recaudar impuestos, recortar presupuestos militares, acabar con el desperdicio de alimentos y recortar subvenciones, y otra cosa es hacerlo, sobre todo cuando hay que enfrentarse a algunos de los grupos de presión más poderosos del mundo. Pero no hace falta ningún milagro. Solo organización y decisión.

Así que no debemos sucumbir al derrotismo. Siempre que alguien diga: “¡Es demasiado tarde! ¡Se avecina el apocalipsis!”, debemos responder: “No, podemos impedirlo con solo el 2%”. Y, cuando se reúna la COP27 en noviembre de 2022 en Egipto, debemos decir a los líderes reunidos que no se limiten a hacer vagas promesas sobre esos 1,5 grados. Queremos que saquen el bolígrafo y firmen un cheque por el 2% del PIB mundial anual.

Yuval Noah Harari (Kiryat Atta, Israel, 1976), historiador y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es mundialmente reconocido desde que publicó ‘Sapiens’ y es autor de ‘Homo Deus’ y de ‘Sapiens: una historia gráfica’’.  

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Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.