FONDOS DE EXTRACCIÓN, NO DE INVERSIÓN

 

¡Son fondos de extracción, no de inversión! Las trampas

 discursivas del capitalismo financiero - Catalunya Plural

Los fondos de extracción son el principal opositor al que nos enfrentamos la clase trabajadora de todo el planeta. Es un derecho y un deber quitar sus zarpas de nuestros bolsillos y sociedades.

¿Qué son los fondos de extracción?

“Solíamos hacer cosas en este país, las construíamos. Ahora solo metemos la mano en el bolsillo del vecino.” Esta reflexión concluía la segunda temporada de The Wire, una serie ambientada en Baltimore. Esta ciudad costera aparecía como víctima de dinámicas de especulación que habían llevado a una precarización de empleos a la par que subidas de precios de la vivienda, que cruelmente dificultaba a la clase trabajadora poder habitar en sus propios barrios. La ciudad se convierte así en un desierto gris, precario, hostil y con una economía expoliada por los especuladores. A este respecto, desde la última década se ha despertado un interés inusitado por los mal llamados fondos de inversión, lo cual no es casual. Nombres como Blackrock, Blackstone, Cerberus o Macquarie se han vuelto habituales. Esto es, compañías que penetran a escala global en las empresas y están concentrando a toda velocidad todo tipo de propiedades, tierras, estructuras y activos financieros. Esta tipología de fondos comenzó su andadura en la década de 1970, controlando por aquel entonces 1 billón de dólares a nivel global. No obstante, actualmente gestionan más de 100 billones de dólares, parasitando todo tipo de sectores económicos y deudas públicas del mundo entero. Precisamente, el término fondo de inversión es un término equívoco, incluso ideológico, en tanto que proyecta la falsa imagen de empresas impulsadas por capitalistas aventureros que invierten dinero de sus propios bolsillos.

Nada más lejos de la realidad. Los fondos son compañías a escala global controladas por una nueva clase aristocrática que no ofrece de manera genuina ningún trabajo, ningún servicio, ni ningún producto. Su estrategia ha versado en colocarse como mediadores artificiales para el tejido socioeconómico global mediante la captación y movimiento de recursos económicos provenientes del fruto de nuestro trabajo. En este sentido, son fondos de extracción, o extractoras, que captan nuestro dinero para dominar nuestras casas, nuestros barrios, nuestra alimentación, nuestras tierras, nuestros puestos de trabajo, nuestros servicios públicos, nuestras comunidades, la deuda de nuestros países y en un futuro próximo todas las virtualidades de nuestras vidas. Es decir, utilizan nuestro dinero contra nuestra libertad. 

Los fondos de extracción ponen en juego dinero captado de planes de pensiones públicos y privados, de aseguradoras, de bancos y entidades financieras, de agencias gubernamentales, de fondos de deuda soberana y de otras fuentes. Es decir, el dinero de nuestras cotizaciones sociales, de nuestros planes privados, de nuestros seguros, de nuestros depósitos bancarios e incluso de nuestros impuestos. Este dinero, canalizado sin transparencia por parte de empresas y administraciones públicas, financia la estrategia de empobrecernos a los de abajo para enriquecer a los de arriba. Ahora bien, hay un universo repleto de tácticas diversas y superpuestas, que los fondos de extracción pueden llegar a utilizar de forma simultánea aunque desigual. Pero en nombre de la sencillez, indicaremos tres de estas tácticas extractivas.

Táctica de los Fondos de Gestión Accionarial

En primer lugar, encontramos los Fondos de Gestión Accionarial, focalizados en la compraventa de acciones de otras empresas hasta convertirse en sus principales accionistas. Entre estas destacan The Big Three: BlackRock, The Vanguard y State Street, que actualmente dominan el sistema capitalista. Conocidas como las dueñas del mundo, estas compañías son las principales accionistas de multinacionales como Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Coca Cola, Banco Sabadell o el Banco Santander. Es decir, empresas que buscan financiación más allá del sistema bancario ordinario, que suele estar más regulado y ofrecer menos financiación que los fondos. Estas tres compañías son también, respectivamente, sus accionistas de mayor peso. Configurando de esta manera un triopolio que gestiona hasta 22 billones de dólares a escala planetaria; una cifra que supera al PIB de toda la Unión Europa, calculado en aproximadamente 17 billones de euros.

Hablamos de empresas que esperan controlar más del 10% de la economía mundial y capitanear todos los principales sectores económicos para el año 2030. Tal como indican Wendy Brown y Michel Feher, la sobredimensión de esta clase de fondos ha llevado a una financiarización de la economía: proceso por el cual el precio de todos los productos y servicios está mediado por un fondo extractor, que a cambio de financiación proveniente de bolsillos ajenos, espera cobrar altos beneficios. Lo que lleva necesariamente a una subida de precios, costeada por los consumidores, para aumentar los márgenes de beneficios de las redes empresariales que controlan las extractoras. Pero aún más, su actividad nos afecta también como trabajadores, en tanto que una forma de conseguir beneficios rápidos pasa por precarizar a los empleados de las multinacionales controladas accionarialmente. De hecho, prácticas como la subcontratación, la temporalidad contractual, las bajadas de sueldos y la conversión de los trabajadores en autónomos que pagan sus propias cotizaciones sociales son mecanismos utilizados para aumentar los márgenes de beneficios de los que se alimentan finalmente los Fondos de Gestión Accionarial.

Táctica de los Fondos de Gestión de Activos

En segundo lugar, los Fondos de Gestión de Activos son aquellas empresas cuya táctica es la compraventa y administración de las estructuras que permiten la existencia y reproducción de una sociedad. Ejemplos de estas extractoras son Cerberus, Macquaire o Nuveen. De hecho, cómo los estudios de Brett Christopher indican, tales extractoras aspiran a controlar 8 sectores en concreto: propiedad inmobiliaria, agua, alimentos, residuos, transporte, telecomunicaciones, energía e instituciones sociales (como hospitales, residencias de ancianos y centros educativos). Hablamos de estructuras necesarias para la vida social: que han podido ser asaltadas y acumuladas por los fondos gracias a las privatizaciones, ya que una proporción importante de estas mismas estructuras era gestionada por la administración pública durante la era del Estado de Bienestar, tratando de asegurar así su accesibilidad casi-universal. No obstante, ahora son concentradas como estructuras gestionadas de forma privada a través de empresas que hacen de tentáculos de los fondos. Estas empresas tentaculares son conocidas como empresas de capital privado, o private equity. Cuando un fondo crea una private equity, no introduce más de un 5% de financiación propia. De hecho, tal como explican Rauh Andonov y Kräussl Andonov en sus estudios, más de la mitad de la financiación proviene de planes de pensiones públicos y privados, seguidos de aseguradoras y entidades bancarias que introducen el dinero de sus clientes sin ninguna información previa.

Mientras tanto, los fondos cobran comisiones ingentes a las entidades que canalizan nuestro dinero para crear las private equity. Es más, es práctica habitual de los Fondos de Gestión de Activos hacer solicitar créditos inmensos a las private equity, llegando las deudas resultantes a igualar la financiación previamente canalizada. Es por ello que la mera existencia de los Fondos de Gestión de Activos implica necesariamente una subida de precios y una rebaja de la calidad: porque es la manera de cubrir los beneficios que se esperan obtener, los créditos solicitados y las altas comisiones que los fondos de extracción practican por la administración de las private equity. Un caso conocido mundialmente es el de Blackstone, un fondo que gestiona principalmente activos inmobiliarios. Según un estudio del colectivo ACCE, Blackstone llega a controlar más de 300.000 propiedades en arrendamiento en EEUU, siendo el casero más grande de todo el país; practicando subidas de precios del más del 20% desde 2022.

Esta realidad no es ajena al estado español, en la que Blackstone gestiona la private equity Anticipa Real State. Esta private equity se ha alimentado en buena medida de viviendas provenientes de CatalunyaCaixa. A este respecto, hay que recordar que CatalunyaCaixa fue rescatada con 12.000 millones de dinero público, sin ninguna contraprestación social. Y que fue absorbido por el BBVA en 2016. Mientras tanto, su entramado inmobiliario ha sido gestionado por Blackstone a través de Anticipa, beneficiándose de la subida de precios de las propiedades, que en muchos casos habían sido previamente habitadas por familias desahuciadas. Otro caso prototípico, estudiado por Manuel Rico, es el fondo Sagesse Retraité Santé, que a través de su private equity DomusVi SAS presiona por controlar la administración del mayor número posible de residencias de ancianos públicas y privadas. De hecho, DomusVi SAS controla hasta 138 residencias y 20.000 camas. Y que para maximizar sus beneficios trata de recortar al máximo la calidad de vida de los residentes y el salario de los trabajadores. En resumen, los Fondos de Gestión de Activos encarecen nuestra vida a través del control de estructuras, cuya titularidad o gestión ha sido privatizada, y que antiguamente eran accesibles gracias a la función pública.

Táctica de los Fondos Buitre

En tercer lugar, encontramos a los Fondos Buitre. Este es un término que se ha vuelto enormemente popular entre movimientos sociales de todo el mundo para señalar a los fondos en general, pero que apunta a una táctica concreta. Esto es, la adquisición de deudas y propiedades con problemas de insolvencia, comprándolas a precio de saldo. Y una vez adquiridas, exprimir más a los usuarios y deudores. Es decir, son buitres en tanto que se aprovechan de desgracias ajenas, que en muchas ocasiones han colaborado en provocar. Un buen ejemplo ha sido la deuda emitida por fondos como Elliot Management o Aurelius Capital al gobierno argentino por más de 120.000 millones de dólares. Y que ha llevado al país a una situación de dominio de su economía por parte de dichos fondos. Otra realidad análoga, aunque a nivel más micro, es la del municipio sevillano de Burgillos. El consistorio de dicha ciudad, y con opacidad de cara a los vecinos, se endeudó hasta en 27 millones de euros con el fondo KSAC Europe Investments, que ahora exige el embargo del patrimonio, las estructuras y la vivienda pública del municipio de la ciudad.

Ambos son ejemplos arquetípicos de colonización, en el que un Fondo Buitre es capaz de superponerse al poder institucional y soberano de un territorio, tratando de pasar por encima de la ciudadanía. No obstante, hay que aclarar que una dificultad a la hora de categorizar a los fondos en base a sus tácticas es que estas compañías no actúan de forma pura. Por ejemplo, Blackstone aspira a mantenerse como el mayor casero del mundo, lo que le convierte en uno de los Fondos de Gestión de Activos preponderantes en el sector inmobiliario. No obstante, Blackstone también practica compraventas de acciones empresariales, y asimismo se aprovecha de los sufrimientos ajenos como un Fondo Buitre captando vivienda de personas con problemas de insolvencia. Es más, como indican los estudios de Gabarré y el Observatorio CODE, Blackstone ha practicado comisiones millonarias a la SAREB, un banco que el estado español creó posicionándose como avalista. Y cuyo objetivo es la venta de propiedades de difícil salida al mercado, provenientes de bancos españoles rescatados con dinero público. Aquí es importante matizar que muchas de estas propiedades son de familias desahuciadas o en proceso de desahucio. Y que la falta de venta de todas las propiedades llevará previsiblemente al estado español a practicar un nuevo rescate a la banca en 2027 al ser el avalista de la SAREB y manteniendo esta entidad actualmente una deuda de 30.000 millones de euros. Mientras tanto, Blackstone sigue cobrando sus comisiones.

¿A quién quieren los fondos derivar todos estos costes?

A nosotros. A la clase trabajadora. A la ciudadanía. A los que nos encontramos abajo. Como se ha señalado, aunque los fondos de extracción utilicen tácticas diferentes, coinciden en su estrategia común de captar nuestro dinero para precarizar empleos y aumentar precios. Pero hay otro aspecto esencial, que son los impuestos. Los fondos no son exactamente anti-impuestos. Los propios fondos son conscientes de que los impuestos son necesarios para mantener sus intereses, al menos de momento. Sin impuestos, no podrían crearse las estructuras que una vez privatizadas los fondos pueden adquirir a precios bajos. Sin impuestos, muchas economías colapsarían, al no ser capaces de proveer a los tejidos empresariales de una mano de obra altamente cualificada y con capacidad de movilidad. Sin impuestos, los fondos no podrían recuperar sus emisiones de deuda a instituciones públicas.

Es más, sin impuestos se quedarían sin una parte importante de la financiación con la que operan: ya que buena parte de su dinámica pasa por traspasar recursos públicos a sus intereses privados. Los fondos quieren que existan los impuestos, otra cuestión distinta es su deseo de no contribuir fiscalmente, y que tal dinero no financie servicios y prestaciones públicas que puedan rivalizar con sus intereses. De esta forma, los fondos presionan a los gobiernos para que creen mecanismos que les permitan no pagar impuestos a la par que recortar el Estado Social. De hecho, en el estado español existe la figura de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, también conocidas como las SOCIMIs. Esta es una figura societaria que toman muchos fondos y private equity que dedican más de un 80% de su actividad al arrendamiento de propiedades, contando con enormes privilegios fiscales: están exentas del impuesto sobre actos jurídicos documentados, del impuesto de plusvalía municipal y en determinados casos tributan al 0% en el Impuesto de Sociedades.

Un buen ejemplo es la SOCIMI Cerberus, un fondo creado para la gestión de propiedades del BBVA, que de nuevo son de familias desahuciadas o en proceso de desahucio. Es por ello que los fondos de extracción son las herramientas de una nueva aristocracia global: captan nuestro dinero, para explotarnos como trabajadores y exprimirnos como consumidores, tratando de pasar por encima de nuestra soberanía como ciudadanos, y procurando librarse de contribuir fiscalmente. Como en el feudalismo, son una clase ociosa, que busca no pagar impuestos pero se beneficia de los impuestos, que no reconoce ninguna soberanía a los de abajo, y que procura extraer el fruto de nuestro trabajo para asegurar una posición de poder en la que puedan extraer aún más. En pocas palabras, los fondos de extracción son el principal opositor al que nos enfrentamos la clase trabajadora de todo el planeta. Es un derecho y un deber quitar sus zarpas de nuestros bolsillos y sociedades.

¿Qué podemos hacer?

La buena noticia es que ya existen ejemplos de economías diferentes. La economía social y solidaria, un término que también ha cogido resonancia en la última década. Esta se refiere a todos los proyectos empresariales autogestionados por sus trabajadores bajo criterios de transformación social: igualdad de género, inclusión, sostenibilidad ecológica, enraizamiento territorial y buenas condiciones laborales. En Cataluña, existen más de 1.600 iniciativas de la economía solidaria, que cuenta con su propia red denominada Xarxa d’Economia Solidària (XES). Y que en el estado español ya representan hasta un 10% del PIB, 43.000 empresas y más de dos millones de puestos trabajo. Es más, la economía social tiene por objetivo cooperativizar todas aquellas estructuras que satisfagan las necesidades humanas, siendo un núcleo irradiador de una economía que tienda a la desfinanciarización.

También contamos con movimientos sociales de todo el mundo, que confrontan a los fondos al garantizar derechos económicos como el trabajo, la vivienda, los cuidados y la educación desde una perspectiva de la dignidad humana: como Las Kellys, la PAH, ATTAC, la Marea Blanca de la sanidad y una larga lista de colectivos. No obstante, parece tornarse claro que el problema ha tomado una dimensión global, en la que si bien nos podemos enfrentar a tácticas que se expresan de forma diversa en lo local, entroncan con una estrategia extractivista común a los fondos. Es por ello que un paso, seguramente insuficiente pero desde luego necesario, pasará por la alianza de futuras luchas y prácticas de transformación a nivel transnacional. No hay que elegir entre economía o política, resistencia o propuestas, calle o asambleas, ámbito local o global; sino por una síntesis que nos permita construir un futuro nuestro. Esta es la libertad que los fondos de extracción quieren cercenar, y esta es la libertad que podemos proteger ejerciéndola. De momento, y mientras tales alianzas vayan creciendo, recordemos no ceder frente a los fondos ni siquiera en su discurso: no invierten, extraen. Recordemos pues que todo lo que acaparan y todo lo que esperan acaparar es nuestro, incluyendo el futuro.

25/06/2024   Catalunya –Plural   Luis Sanmartín Cava

 

Hacienda contra Arias y Duato

 Los dos actores responden ante la Audiencia Nacional por presunto fraude fiscal

ANDRÉS GUERRA
Barcelona

Durante 20 años encarnaron a una pareja de clase media que, difícilmente, en la realidad se vería en un brete como este. Pero no son Merche y Antonio Alcántara, sino Imanol Arias y Ana Duato, y tal vez su éxito profesional -cuántas ficciones soñarían alcanzar la longevidad de Cuéntame- les ha llevado al banquillo. La Audiencia Nacional abre juicio contra ambos hoy a causa de un presunto fraude a Hacienda por siete delitos fiscales de 1,9 millones de euros entre el 2010 y el 2012 y el 2014 y el 2017 en el caso de Duato -de los que ha regularizado 970.000 euros-, y de seis delitos con un montante de 2,7 millones entre el 2010 y el 2015 para su compañero, de los que ha regularizado 2,4 millones. Ana Duato se enfrenta a una pena de 32 años de prisión, e Imanol Arias, a otra de 27. Las cuentas de ambos las llevaba el mismo despacho legal, según la Fiscalía Anticorrupción, "una parte muy importante" de los clientes del bufete Nummaria se servía de estructuras societarias opacas "diseñadas con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios en nuestro país".

Luchar o rendirse. Ana Duato se negó desde un principio a valorar un acuerdo con la Fiscalía, mientras que la defensa de Arias trabaja en un pacto, según se ha filtrado

En la causa que hoy se inicia están acusadas otras 30 personas, entre ellos, el marido de la actriz y la hermana del actor. Considera la Fiscalía que Arias y Duato ocultaron al fisco parte de sus rentas, "principalmente procedentes de su participación como actriz y productor, respectivamente, en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó". A Imanol Arias se le señala, asimismo, un tinglado fraudulento para transformar una renta de actividad profesional por su trabajo como actor en una renta vitalicia.

El ministerio público coloca en el centro de la trama evasora de impuestos a Fernando Peña, gerente de Nummaria, que habría tejido una competente red de colaboradores -abogados, economistas, técnicos fiscales, contables- contratados o retribuidos a través de distintas sociedades con el objeto de ofrecer sus tentadores servicios a través de un entramado de, al menos, 22 sociedades en España y alrededor de 200 repartidas entre Costa Rica, Inglaterra, Canadá, Uruguay y Luxemburgo.

Duato y Arias han escogido distintos caminos para defenderse ante la Agencia Tributaria. Si bien él trataría de alcanzar un acuerdo para soslayar cualquier riesgo de sentencia condenatoria, Duato declaraba a Vanitatis lo siguiente: "Estoy convencida de mi inocencia y un acuerdo pasaría porque mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarle a mis hijos la herencia de una mentira".

 

LA RENTABLE JUBILACIÓN DE ORO DE LOS LÍDERES DEL PSOE EN REPÚBLICA DOMINICANA

Felipe González y José Bono disponen de la nacionalidad del país caribeño, lo que les permite disfrutar de suculentas ventajas fiscales

A sus 80 años, Felipe González ha estrenado nacionalidad. El pasado febrero, obtuvo el documento que acredita su nacionalidad dominicana, a título de naturalización privilegiada, de mano del presidente Luis Abinader 'Isidoro', el aficionado a cultivar bonsáis y amistades influyentes, sigue los pasos de su colega de partido José Bono, de 71 años, quien obtuvo la nacionalidad dominicana en octubre de 2020. Ambos se acogieron a la Ley 1863 del 16 de abril de 1948 sobre Naturalización y sus modificaciones que permite conceder la nacionalidad a extranjeros que «han prestado servicios eminentes a la República o haberse distinguido por servicios sobresalientes prestados a la humanidad».

¿Qué ha despertado ese interés en República Dominicana entre los líderes socialistas? El periodista Miguel Ángel Ordóñez, excorresponsal en República Dominicana, arroja algo de luz en su libro Cap Cana: los osados aprendices de Donald Trump. Según el periodista, González ha obtenido la nacionalidad gracias a su labor de relaciones públicas, que ha contribuido a limar asperezas entre Abidaner y la poderosa familia Hazoury, nacionalizados españoles, y los impulsores principales de Cap Cana, una de las zonas turísticas con más potencial en República Dominicana. El expresidente de España es un gran referente en Latinoamérica y sobre todo en República Dominicana, donde gobierna un partido socialdemócrata. González dispone además de la nacionalidad colombiana.

En febrero se celebró un acto privado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, sede de la Presidencia, para otorgar la nacionalidad a González, quien pronunció un discurso de agradecimiento. El presidente Abinader se refirió a él como un «leal amigo de la República, que desde hace tiempo ha cultivado una relación con nuestra tierra». Lo calificó de «gran estadista, precursor de las transformaciones de España». Al día siguiente, el expresidente aprovechó para dar una conferencia en la Universidad Iberoamericana. «La tarea política es una tarea en cierto modo inhumana», aseguró, añadiendo que los presidentes al retirarse solo deberían preguntarse si han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los conciudadanos.

Exenciones fiscales

Tanto Felipe González como José Bono tienen acceso a una serie de privilegios fiscales que no han tardado en aprovechar. El exministro de Defensa habría creado cuatro sociedades offshore (Teivelpir RD, Veleta Sociedad, Vetapir y Grupo Tiseck) entre septiembre y octubre de 2020, aprovechando la nueva nacionalidad. Las cuatro sociedades tienen su domicilio social en Santo Domingo.

Los beneficios a los que se pueden acoger, según la legislación del país, son: una exención del 50 % en el impuesto sobre las hipotecas al adquirir la primera vivienda, una exención en el impuesto por la compra e importación de vehículos, una exención del 25 % en el impuesto sobre ganancias del capital y una exención parcial en el Impuesto sobre la Renta, entre otros.

Ana Mellado EL DEBATE  Madrid 02/06/2022 Actualizada 08/03/2024

https://www.eldebate.com/gente/20220602/lideres-psoe-protegen-fortunas-republica-dominicana.html

 

El nuevo régimen feudal

 

Varoufakis denuncia en 'Tecnofeudalismo' el vasallaje al que nos someten los gigantes tecnológicos

El capitalismo está muerto. Sus dinámicas ya no rigen nuestras economías. Pero no lo ha sustituido el socialismo. Como es obvio, el capital está mejor que nunca. Eso sí, no es el de siempre: gracias a los algoritmos de los gigantes tecnológicos y al impulso financiero otorgado por el dinero de los bancos centrales desde la crisis del 2008, el capital, asegura Yanis Varoufakis en su nuevo ensayo, ha conseguido deshacerse de los engorrosos mercados capitalistas. La vieja pasión por los beneficios, que para Adam Smith eran el motor de la estructura económica, pues alentaban la competencia en los mercados y la riqueza, ha dado paso en el mundo digital a unas viejas conocidas que nunca acabaron de irse en el paso del mundo feudal al capitalista: las rentas.

Y el resultado es un mundo al que el economista no quiere llamar capitalismo de plataformas o hipercapitalismo. Cree que ya no estamos ahí. Su nuevo libro se titula Tecnofeudalismo. Un tecnofeudalismo que explica la actual nueva guerra fría entre EE.UU. y China como una batalla de feudos y en la que Europa, carente de gigantes digitales, va a quedar en una posición secundaria. Para Varoufakis, estamos en un momento no tan distinto al paso de la edad de bronce a la de hierro: quien no tenía este duro metal, vio traspasados sus escudos de bronce.

Y hoy ese poderoso hierro son los gigantes digitales nacidos de la apropiación de los bienes comunales, libres, del primer internet, privatizados por las tecnológicas estadounidenses y chinas en conglomerados como Amazon, Google, Apple, Uber o Alibaba. Compañías que en sus particulares reinos se comportan como señores feudales, sea con los sistemas operativos y lo que pagan las aplicaciones en Google Play o AppStore; sea con plataformas de comercio digital como Amazon, en las que dentro no existe nada parecido a un mercado; sea con trabajadores explotados al límite en los almacenes por algoritmos, o sea, sobre todo, con todos nosotros, lo que Varoufakis llama siervos de la nube. A diferencia de cualquier otra empresa, muchas grandes tecnológicas apenas pagan el 1% en sueldos. El resto, y esa es para el autor la diferencia crucial, es el trabajo gratuito de creación de contenidos que realizan miles de millones de personas en la red, de las que además se extraen datos para aprender sus gustos e influirles continuamente. 

La impresión masiva de dinero de los últimos 15 años ayudó a que estos gigantes del capital en la nube pudieran crecer sin necesidad de dar beneficios, haciéndose con todo el poder de mercado. Unos feudos a los que los fabricantes capitalistas convencionales, de galletas o taxistas, se ven obligados cada vez más a vender sus bienes según el dictamen de los nuevos nubelistas y desarrollar una relación que no difiere de la que tenían vasallos y señores. Un tecnofeudalismo en el que el mundo se está dividiendo en dos superfeudos en la nube antagónicos, el estadounidense y el chino. Irónicamente, asegura, la única fuerza que puede hacer algo hoy por controlar a los nubelistas y este vasallaje antidemocrático es el Partido Comunista de China

Justo Barranco  Redactor de Cultura de la Vanguardia

 

LA RIQUEZA CONJUNTA DE LOS CINCO HOMBRES MÁS RICOS DEL PLANETA SE DUPLICA EN UN MUNDO AMENAZADO POR LA DESIGUALDAD

Desde 2020, la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha disparado un 114 %, mientras que la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha disminuido desde el inicio de la década.

Oxfam Intermón calcula que el mundo verá su primer billonario en tan solo 10 años, mientras que serían necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza.

En España, el 10 % más rico de la población concentra más de la mitad de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas llegaba al 8 %.

 

Contenido extraído de Oxfam Intermón  15 de enero de 2024

A pesar del fuerte impacto de la inflación, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado desde 2020, pasando de 405.000 millones de dólares a 869.000 —unos 14 millones de dólares por hora— mientras que la riqueza acumulada del 60% más pobre (casi cinco mil millones de personas) ha disminuido, según el nuevo informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad y poder global de las grandes empresas. De seguir así, el mundo tendrá su primer billonario dentro de una década, aunque la pobreza no será erradicada hasta dentro de 229 años.

El informe Desigualdad S.A., publicado hoy mientras las élites empresariales se reúnen en el Foro Económico Mundial en Davos, revela que siete de las diez empresas más grandes del mundo tienen a un milmillonario como director ejecutivo o accionista principal. El valor de mercado conjunto de estas empresas es de 10,2 billones de dólares, cifra que supera el PIB combinado de todos los países de África y América Latina.

“Estamos viviendo el inicio de una década de creciente desigualdad, en la que miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los milmillonarios crecen desorbitadamente. Esta desigualdad no es ninguna casualidad; los milmillonarios se aseguran de que las grandes empresas generen más riqueza a costa del resto de la población. Y lo estamos normalizando”, afirma Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón.

El aumento desmesurado de la riqueza extrema de los últimos tres años se ha consolidado, mientras que la pobreza mundial continúa en los niveles registrados antes de la pandemia. En términos reales, la riqueza de los milmillonarios se ha incrementado en 3,3 billones de dólares desde 2020, a un ritmo tres veces mayor que la inflación.

- A pesar de representar solo el 21 % de la población mundial, los países ricos del Norte global poseen el 69 % de la riqueza mundial, y concentran el 74 % de la riqueza milmillonaria del mundo.

- La propiedad de acciones beneficia desproporcionadamente a los más ricos. El 1 % más rico posee el 43 % de los activos financieros globales. Este 1 % posee el 48 % de la riqueza financiera en Oriente Medio, el 50 % en Asia y el 47 % en Europa.

Al igual que las fortunas de los súper ricos, las grandes empresas obtendrán beneficios anuales récord en 2023. 148 de las mayores empresas del mundo obtuvieron unos beneficios netos conjuntos de 1,8 billones de dólares en los 12 meses previos a junio de 2023: un aumento del 52% respecto al promedio de sus beneficios netos entre 2018 y 2021. Los beneficios extraordinarios de estas empresas alcanzaron los cerca de 700000 millones de dólares. El informe revela también que por cada 100 dólares de beneficios generados por 96 grandes empresas entre julio de 2022 y junio de 2023, 82 dólares acabaron en manos de ricos accionistas.

Mientras esto ocurre, en el otro extremo vemos cómo los salarios de casi 800 millones de personas en 52 países no han podido seguir el ritmo de la inflación y han perdido 1,5 billones de dólares en los últimos dos años, lo que equivale a casi un mes (25 días) de salario perdido por cada trabajador o trabajadora.

El informe también demuestra que la guerra contra lo fiscal impulsada por las grandes empresas ha provocado la reducción de los tipos efectivos del impuesto sobre los beneficios empresariales en aproximadamente un tercio. Entretanto, las empresas han seguido beneficiándose y promoviendo la privatización del sector público y segregando el acceso a servicios esenciales como la educación o el agua.

La concentración de beneficios en España

En Desigualdad S.A. Filial en España se arrojan conclusiones muy similares: Oxfam Intermón denuncia que, en 2022, el 10 % más rico de la población de nuestro país concentraba más de la mitad del valor de la riqueza. El 1% más rico acaparaba el 22 % de esa riqueza, mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas llegaba al 8 %. 

El informe analiza cómo 50 de las principales empresas españolas contribuyen a agravar las desigualdades. La concentración extrema en sectores clave, como el eléctrico, donde un reducido número de actores domina hasta el 86,1 % del mercado, o el bancario, propicia comportamientos contrarios a los intereses de la mayoría de la ciudadanía.

“Los datos nos muestran una distribución desproporcionada con energéticas y bancos registrando crecientes beneficios, traducidos en retribuciones millonarias a accionistas y altos ejecutivos, mientras que 14 millones de personas en nuestro país ven cómo han aumentado los costes de su hipoteca y 17,1% de personas no podía permitirse mantener su casa caliente” señala Cortada.  A pesar del aumento del 16 % en los beneficios, estas empresas apenas contribuyen al crecimiento del empleo, evidenciando una desconexión entre ganancias y generación de empleo a nivel nacional.

Sin embargo, se han incrementado significativamente los sueldos medios de los miembros del consejo de dirección del conjunto de grandes empresas analizadas: aumentó un 19 % entre 2021 y 2022 y un 45 % desde 2020, mientras que el salario medio de estas empresas subió un 8 % en 2022 y apenas un 9 % desde 2020. En promedio, una persona trabajadora de estas empresas tardaría 91 años en ganar lo que el primer ejecutivo gana en un solo año.

Por otro lado, la desigualdad de género persiste en estas empresas, con las mujeres ganando un 15 % menos que sus colegas masculinos en promedio. Además, la tendencia a reducir la presencia en guaridas fiscales se ha revertido en 2022, y el esfuerzo ambiental sigue siendo insuficiente y desigual.

“El poder empresarial desbocado y la extrema riqueza no pueden seguir campando a sus anchas. El sector público debe implementar una regulación adecuada que priorice el bien común y los intereses de la mayoría frente a los de unos pocos”, añade Cortada. Para comenzar, reformas fiscales que aseguren que las grandes fortunas y corporaciones tributen de manera justa a las ganancias que obtienen y sin eludir sus impuestos. Oxfam Intermón estima que un impuesto sobre el patrimonio de los millonarios y milmillonarios del mundo podría generar 1,8 billones de dólares al año.

Es urgente que los Estados prioricen los servicios públicos, defiendan una mayor regulación de las grandes empresas, acaben con los monopolios y el excesivo poder de mercado, y apliquen impuestos permanentes sobre la riqueza y los beneficios excesivos.

La organización propone también medidas que promuevan una gobernanza democrática de las empresas y un reparto equitativo de los beneficios entre los diferentes grupos de interés; medidas que obliguen a cumplir con los derechos humanos y ambientales en toda la cadena de valor y legislaciones orientadas a reducir la desigualdad salarial, tanto entre los sueldos más altos y los más bajos como entre hombres y mujeres.

“Sabemos que el poder público puede frenar la avaricia de las grandes corporaciones y de las grandes fortunas. El estado tiene que regular los monopolios, empoderar a las personas trabajadoras, gravar estas enormes ganancias corporativas y, fundamentalmente, invertir en una nueva era de bienes y servicios públicos.”, concluye Cortada.

Se necesitarán 229 (casi 230) años para garantizar que el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza de 6,85 dólares del Banco Mundial se reduzca a cero.

Según la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI , el PIB combinado de las economías de África en 2023 es de 2.867 millones de dólares, mientras que el de los países de América Latina y el Caribe es de 6.517 millones de dólares, para un total de 9,4 billones de dólares.

Oxfam define los beneficios extraordinarios como aquellos que superan el promedio del período 2018-2021 en más de un 20 por ciento.

Algunos de los ultrarricos con más concentración de poder empresarial y económico:

- Bernard Arnault es el segundo hombre más rico del mundo y preside el imperio de artículos de lujo LVMH, que ha sido multado por el organismo antimonopolio de Francia. También es propietario del medio de comunicación más grande de Francia, Les Échos, así como de Le Parisien.

 - Aliko Dangote, la persona más rica de África tiene un “casi monopolio” sobre el cemento en Nigeria. La expansión de su imperio hacia el petróleo ha generado preocupaciones sobre un nuevo monopolio privado.

 

- La fortuna de Jeff Bezos, de 167.400 millones de dólares, aumentó en 32.700 millones de dólares desde principios de la década. El gobierno de Estados Unidos ha demandado a Amazon, la fuente de la fortuna de Bezos, por ejercer su “poder de monopolio” para aumentar los precios, degradar el servicio a los compradores y reprimir la competencia.

 

En España se ha analizado las 50 mayores empresas según nivel de ingresos.

De acuerdo con el Banco de España, un aumento de 400 puntos básicos de los tipos de interés elevará el porcentaje de hogares vulnerables en 3,5 puntos porcentuales, hasta el 13,9% del total de hogares. De esta forma, se elevarían en 380.000 hogares adicionales, hasta un total de 1,55 millones el número de hogares vulnerables.

Más información: https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/InformesEstabilidadFinancera/23/IEF_Primavera2023.pdf

De acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2022, un 17,1% de personas en España no podía permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Desde 2020, el porcentaje de personas ha aumentado en 6,2 puntos porcentuales.
Más información: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9967

 

Telefónica: Venta del Estado en 1997 versus Compra del Estado en 2023

  

En el año 1997, con José María Aznar como presidente del Gobierno español y Juan Villalonga como presidente de Telefónica, el Estado acometió la privatización del 21% que mantenía en el capital del histórico monopolio español de telecomunicaciones, procediendo así a su privatización total

Veintiséis años después a fecha de hoy en diciembre del 2023, el Estado compra un 10 % del capital de Telefónica y se convierte en el primer accionista de Telefónica

¿Si en 1997 el Estado español necesitaba dinero por qué José María no se endeudó para evitar la privatización si el dinero de los compradores de Telefónica también fue un dinero conseguido con deuda? ¿O acaso para el acreedor no es más seguro un deudor que sea un Estado que un deudor privado por sólido que sea?

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Ver a continuación el contenido del artículo de prensa de lamarea

https://www.lamarea.com/2023/11/03/privatizar-para-renacionalizar-de-modo-parcial-a-los-26-anos-los-ruinosos-vaivenes-del-estado-con-telefonica/

 

Privatizar para renacionalizar de modo parcial a los 26 años: los ruinosos vaivenes del Estado con Telefónica

La privatización de Telefónica se culminó en 1997 con la venta del último 20,9% por 3.786,38 millones de euros (el Estado llegó a tener el 31,86%).

La actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró que “Telefónica es la empresa más estratégica de España”, después de que el operador de Arabia Saudí, STC Group, anunciara la compra del 9,9% de la compañía (operación que aún no se ha formalizado). Ahora, en lo que parece una clara respuesta a esta hipotética y potente llegada de capital extranjero, el Estado, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), está estudiando la posibilidad de entrar de nuevo en el accionariado de la teleco, después de su privatización en 1997.

En un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado 30 de octubre, se informó de que la SEPI lleva tiempo monitorizando la situación de Telefónica, SA “y está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía”. Dicho análisis, aclaran, “no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición”.

De hacerse, supondría renacionalizar Telefónica muy parcialmente, 26 años después de haberla privatizado. La gran diferencia es que el Estado llegó a poseer el 31,86% de la teleco, y ahora (aunque de momento sólo son elucubraciones) se habla de que podría adquirir un 5%.

El error de la privatización de Telefónica

Esto revelaría, según el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, “el disparate que supuso la privatización de Telefónica y de otras empresas públicas estratégicas». «Demuestra que no se pueden dejar empresas que son oligopolio o monopolios, o que están en sectores especialmente sensibles, en manos de intereses privados”, analiza.

A esto se refirió Joaquim Vergés, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universitat Autónoma de Barcelona, en su estudio Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España (1985-1999), publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. “La hipótesis de que ciertas grandes privatizaciones vienen explicadas por la necesidad o conveniencia de desmonopolizar y/o desregular una determinada actividad o sector resulta, a pesar de lo que sugieren los planteamientos habituales, difícil de sostener en el caso de empresas como Campsa, Enagás, Retevisión, Telefónica o REE», afirmó Vergés. «En éstas –añadía– se han privatizado actividades que presentan características de monopolio natural, manteniéndose (total o parcialmente) la situación de monopolio de las empresas en cuestión (situación de monopolio sobre la que difícilmente se podría defender lo contrario en términos de racionalidad económica)”.

Recuperar la teleco

La privatización de Telefónica comenzó con Felipe González (PSOE) y terminó con José María Aznar (PP) en febrero de 1997, mediante una Oferta Pública de Acciones (OPV) sobre el 20,9% que todavía mantenía el Estado. Lo que supuso unos ingresos, de acuerdo con la SEPI, de 3.786,38 millones de euros. Fue la mayor OPV realizada en España hasta esa fecha.

En un artículo publicado en Mundo Obrero, Sánchez Mato cifra en 23.900 millones de euros el dinero que el Estado ha dejado de percibir por salirse de Telefónica: 20.002 millones por los dividendos no percibidos entre 1997 y 2003 y 10.102 por el valor de la participación estatal (que fue del 31,86%). A esto habría que restarle, con los cálculos de Mato, los ingresos por la privatización (3.786,38 millones) y las ampliaciones de capital que se ha ahorrado el Estado: harían un total de 6.139 millones de euros.

Es decir, comenta el economista, no sólo fue un grave error, sino también un “negocio ruinoso”. Puesto que, a precio de mercado, la adquisición ahora por parte del Estado del 5% de Telefónica (que es el porcentaje con el que elucubran diversos medios) supondrían unos 1.100 millones de euros. No obstante, aclara, estas operaciones se hacen fuera de mercado y las fórmulas para rubricarlas son múltiples, por lo que no se puede conjeturar con lo que tendrá que pagar el Estado si finalmente retorna al accionariado de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete.

Con un 5% se puede tener el control

Actualmente, según la web oficial de Telefónica, las participaciones significativas en la empresa son: BBVA (4,87%), Blackrock, Inc (4,48%) y CaixaBank (3,5%). Ergo, con un 5%, el Estado sería el mayor de los minoritarios (siempre a la espera de lo que acabe pasando con el operador saudí).

Respecto al poder que el Estado podría ejercer sobre la compañía con ese 5%, Sánchez Mato sostiene: “Con un 5%, un Gobierno decidido puede hacer que Telefónica sea un instrumento público potente. Y con un 99,9%, un Gobierno que no quiera puede hacer que no valga de nada. Así que todo depende de la voluntad del Ejecutivo. Pero el PSOE no está en ésas”.

El Estado, además, tiene un 17% de CaixaBank (a su vez accionista de Telefónica) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En respuesta a STC

Lo que sacudió el avispero fue el anuncio por parte de STC de que había adquirido una participación del 9,9% en Telefónica, por un importe total de 2.100 millones de euros.

La inversión, explicaron, se realizó mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5,0% del capital. STC Group, detallaron, obtendrá los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. El grupo saudí también aclaró que no tenían la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica.

Que el porcentaje total estuviera por debajo del 10% evitaba que STC se topara con una parte del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, el llamado ‘escudo antiopas’.

Pero chocaba con otra, la referida en el artículo 18 respecto a que las inversiones extranjeras (entre el 5% y el 10%) en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional (como es el caso de Telefónica) sí precisan de la anuencia del Ministerio de Defensa.

Pero es probable que también soslayen esta exigencia, ya que, como apunta elEconomista.es, los saudíes podrían haber renunciado a convertir en acciones ese 5% y, por tanto, pretenderían mantener el 4,9% actual.

Sánchez Mato también sostiene esta teoría: es posible que no fuera más que un negocio financiero, comenta, “pero lo han convertido en un problema de país”. Y en STC, continúa, “al ver la escandalera que se ha montado, habrán pensado que qué necesidad tienen de meterse en este bochinche. Convierten lo que no les exige autorización, y se llevan bien con todos, incluido su amigo el monarca español”.

Más de 43.000 millones de euros para el Estado por las privatizaciones desde 1984

La privatización de Telefónica, que ahora podría revertirse parcialmente, es sólo una de las muchas que se produjeron en España desde 1984 hasta la actualidad.

Entre 1984 y 1996, cifran en la SEPI, se realizaron en torno a 70 operaciones de venta de participaciones públicas, y el Estado ingresó más de 13.200 millones de euros.

A partir de 1996, agregan, tras la aprobación (el 28 de junio) del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, “las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos”.

En ese periodo, salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc. También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades.

La mayor parte de estas privatizaciones las realiza SEPI, a las que hay que añadir las ejecutadas, hasta su integración en esta Sociedad Estatal, por SEPPa y por la Agencia Industrial del Estado.

Los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de OPV.

Esto hizo, como detalla el economista Eduardo Garzón, en La Marea, que España pasara de tener 130 empresas públicas estatales participadas mayoritariamente y de forma directa en 1985, a sólo 16 en 2019. Y de 800 empresas en 1985 con participación indirecta o minoritaria, a 100.

En este momento, la SEPI abarca 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, y dispone de participaciones directas minoritarias en 10 empresas e indirectas en más de 100 sociedades.

El proceso privatizador en España

Germá Bel y Antón Costas, de la Universitat de Barcelona, analizan este desaforado proceso en La privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política. Sitúan el inicio en la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941. En 1976, éste ya se había convertido en el principal grupo industrial de España.

Entre 1977 y 1984, relatan, España experimentó una profunda crisis económica que –como señalan Martín Aceña y Comín en su estudio sobre los 50 años de industrialización de España desde la creación del INI– provocó “el desembarco masivo en el holding de empresas privadas en dificultades”. El INI, completan Bel y Costas, “fue empleado como hospital de empresas”.

Posteriormente, continúa el estudio, tras la llegada del PSOE al Gobierno, en diciembre de 1982, se abordó en el bienio 1983-1985 un proceso de saneamiento de la economía española, que fue el más intenso desde el inicio de la crisis. Tras este periodo, España abordó su integración en un espacio económico más amplio: la Comunidad Económica Europea. Este escenario llevó, desde mediados de la década de los ochenta, a un incipiente proceso de privatización de empresas del sector público.

Las privatizaciones entonces, por lo general, tenían el objetivo de reducir gastos y conseguir ingresos para la Hacienda Pública. Entre 1985 y 1991, se privatizaron 7,6 empresas de media al año.

La privatización como instrumento de política económica

En la década de los 90, indican, se aceptó la idea del empleo de la privatización como instrumento de política económica. Son paradigmáticas las palabras del ministro Aranzadi en 1922: “En este país, el único gobierno que ha privatizado es el socialista. La derecha, ya sea en la época franquista, ya sea en la época democrática, lo único que ha hecho es incorporar al sector publico empresas, como si fuese un hospital”.

Sin embargo, entre 1992 y 1996 hay una clara ralentización: se privatizan un promedio de tres empresas al año.

También en esa época, recuerda Garzón, se firmó el Tratado de Maastricht, que sentaba las bases para la introducción de la moneda única. Puesto que uno de los requisitos para poder formar parte de la unión monetaria era tener déficit público inferior al 3% del PIB, subraya, “el Gobierno de Felipe González encontró la excusa perfecta para vender las joyas de la corona”. Así, se desprendieron, entre otras, de Endesa, Repsol, Argentaria o Ence.

El PP no ocultó que era cuestión de ideología

En mayo de 1996, recuerdan Bel y Costas, el PP accedió al Gobierno de España. Y fue directo: el ministro de Industria, Josep Piqué, señaló: “La reordenación del sector publico industrial del Estado va a incluir en su seno el Plan Estratégico de Privatizaciones, que es un compromiso de investidura del presidente del Gobierno”.

Dicho plan clasificaba a las empresas públicas en cuatro grupos: las inmediatamente privatizables, las que precisaban la previa desregulación de los sectores, las que necesitaban antes un saneamiento patrimonial y las que no eran privatizables ni a corto ni a medio plazo.

En este periodo, las privatizaciones recuperan la intensidad del primero. Había, sostienen los autores del estudio, plena convicción de la superioridad sistemática de la gestión privada.

Por ello, enfatizan, “el Gobierno del Partido Popular situó la privatización en el núcleo de su política económica. Las motivaciones reveladas fueron más de carácter económico, relacionadas con la mayor eficiencia de la empresa privada, que de carácter financiero”.

La Marea   Óscar F. Civieta  3 noviembre 2023