¡Son fondos de extracción, no de inversión! Las trampas
discursivas del capitalismo financiero
- Catalunya Plural
Los fondos de extracción son el principal opositor al que nos enfrentamos la clase trabajadora de todo el planeta. Es un derecho y un deber quitar sus zarpas de nuestros bolsillos y sociedades.
¿Qué
son los fondos de extracción?
“Solíamos hacer cosas en
este país, las construíamos.
Ahora solo metemos la mano en el
bolsillo del vecino.” Esta reflexión concluía la segunda
temporada de The Wire, una serie ambientada en Baltimore.
Esta ciudad costera aparecía como víctima de dinámicas de especulación que
habían llevado a una precarización de empleos a la par que subidas de precios
de la vivienda, que cruelmente dificultaba a la clase trabajadora poder habitar
en sus propios barrios. La ciudad se convierte así en un desierto gris,
precario, hostil y con una economía expoliada por los especuladores. A este
respecto, desde la última década se ha despertado un interés inusitado por los
mal llamados fondos de inversión, lo cual no es casual. Nombres como Blackrock, Blackstone, Cerberus o Macquarie se han vuelto habituales.
Esto es, compañías que penetran a escala global en las empresas y están
concentrando a toda velocidad todo tipo de propiedades, tierras, estructuras y
activos financieros. Esta tipología de fondos comenzó su andadura en la década
de 1970, controlando por aquel entonces 1 billón de dólares a nivel global. No
obstante, actualmente gestionan más de 100 billones de dólares, parasitando
todo tipo de sectores económicos y deudas públicas del mundo entero.
Precisamente, el término fondo
de inversión es
un término equívoco, incluso ideológico, en tanto que proyecta
la falsa imagen de empresas impulsadas por capitalistas aventureros que
invierten dinero de sus propios bolsillos.
Nada más lejos de la
realidad. Los fondos son compañías a escala global controladas por una nueva
clase aristocrática que no ofrece de manera genuina ningún trabajo, ningún
servicio, ni ningún producto. Su estrategia ha versado en colocarse como
mediadores artificiales para el tejido socioeconómico global mediante la
captación y movimiento de recursos económicos provenientes del fruto de nuestro
trabajo. En este sentido, son fondos
de extracción, o
extractoras, que captan nuestro dinero para dominar nuestras casas,
nuestros barrios, nuestra alimentación, nuestras tierras, nuestros puestos de
trabajo, nuestros servicios públicos, nuestras comunidades, la deuda de
nuestros países y en un futuro próximo todas las virtualidades de nuestras
vidas. Es decir, utilizan nuestro dinero contra nuestra
libertad.
Los fondos de extracción
ponen en juego dinero captado de planes de
pensiones públicos y privados, de aseguradoras, de bancos y entidades
financieras, de agencias gubernamentales, de fondos de deuda soberana y de
otras fuentes. Es decir, el dinero de nuestras cotizaciones sociales, de
nuestros planes privados, de nuestros seguros, de nuestros depósitos bancarios
e incluso de nuestros impuestos. Este dinero, canalizado sin transparencia por
parte de empresas y administraciones públicas, financia la estrategia
de empobrecernos a los de abajo para enriquecer a los de arriba.
Ahora bien, hay un universo repleto de tácticas diversas y superpuestas, que
los fondos de extracción pueden llegar a utilizar de forma simultánea aunque
desigual. Pero en nombre de la sencillez, indicaremos tres
de estas tácticas extractivas.
Táctica de los Fondos de Gestión Accionarial
En primer lugar,
encontramos los Fondos de Gestión Accionarial, focalizados en la compraventa de acciones
de otras empresas hasta convertirse en sus principales accionistas.
Entre estas destacan The Big Three: BlackRock,
The Vanguard y State Street, que actualmente dominan el sistema capitalista.
Conocidas como las dueñas del mundo, estas compañías son las principales
accionistas de multinacionales como Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon,
Coca Cola, Banco Sabadell o el Banco Santander. Es decir, empresas
que buscan financiación más allá del sistema bancario ordinario,
que suele estar más regulado y ofrecer menos financiación que los fondos. Estas
tres compañías son también, respectivamente, sus accionistas de mayor peso.
Configurando de esta manera un triopolio que gestiona hasta 22 billones de
dólares a escala planetaria; una cifra que supera al PIB de toda la Unión
Europa, calculado en aproximadamente 17 billones de euros.
Hablamos de empresas
que esperan controlar más del 10% de la economía mundial y capitanear todos los
principales sectores económicos para el año 2030. Tal como
indican Wendy Brown y Michel Feher, la sobredimensión de esta clase de fondos
ha llevado a una financiarización de la economía: proceso por el cual el precio
de todos los productos y servicios está mediado por un fondo extractor, que a
cambio de financiación proveniente de bolsillos ajenos, espera cobrar altos
beneficios. Lo que lleva necesariamente a una subida de precios, costeada por
los consumidores, para aumentar los márgenes de beneficios de las redes
empresariales que controlan las extractoras. Pero aún más, su actividad nos
afecta también como trabajadores, en tanto que una forma de conseguir beneficios
rápidos pasa por precarizar a los empleados de las multinacionales controladas
accionarialmente. De hecho, prácticas como la subcontratación,
la temporalidad contractual, las bajadas de sueldos y la conversión de los
trabajadores en autónomos que pagan sus propias cotizaciones sociales son
mecanismos utilizados para aumentar los márgenes de beneficios de los que se
alimentan finalmente los Fondos de Gestión Accionarial.
Táctica de los Fondos de Gestión de Activos
En segundo lugar, los
Fondos de Gestión de Activos son aquellas empresas cuya táctica es la compraventa
y administración de las estructuras que permiten la existencia y reproducción
de una sociedad. Ejemplos de estas extractoras son Cerberus,
Macquaire o Nuveen. De hecho, cómo los estudios de Brett Christopher indican,
tales extractoras aspiran a controlar 8 sectores en
concreto: propiedad inmobiliaria, agua, alimentos, residuos, transporte,
telecomunicaciones, energía e instituciones sociales (como
hospitales, residencias de ancianos y centros educativos). Hablamos de
estructuras necesarias para la vida social: que han podido ser asaltadas y
acumuladas por los fondos gracias a las privatizaciones, ya que una proporción
importante de estas mismas estructuras era gestionada por la administración
pública durante la era del Estado de Bienestar, tratando de asegurar así su
accesibilidad casi-universal. No obstante, ahora son concentradas como
estructuras gestionadas de forma privada a través de empresas que hacen de
tentáculos de los fondos. Estas empresas tentaculares son conocidas como
empresas de capital privado, o private equity. Cuando un
fondo crea una private equity, no introduce más de un 5% de
financiación propia. De hecho, tal como explican Rauh Andonov y
Kräussl Andonov en sus estudios, más de la mitad de la financiación
proviene de planes de pensiones públicos y privados, seguidos
de aseguradoras y entidades bancarias que introducen el dinero de sus clientes
sin ninguna información previa.
Mientras tanto, los fondos
cobran comisiones ingentes a las entidades que canalizan nuestro dinero para
crear las private equity. Es más, es práctica
habitual de los Fondos de Gestión de Activos hacer solicitar créditos inmensos
a las private equity,
llegando las deudas resultantes a igualar la financiación previamente
canalizada. Es por ello que la mera existencia de los Fondos de Gestión de
Activos implica
necesariamente una subida de precios y una rebaja de la calidad:
porque es la manera de cubrir los beneficios que se esperan obtener, los
créditos solicitados y las altas comisiones que los fondos de extracción
practican por la administración de las private equity. Un caso
conocido mundialmente es el de Blackstone, un fondo que gestiona principalmente
activos inmobiliarios. Según un estudio del colectivo ACCE, Blackstone llega a
controlar más de 300.000
propiedades en arrendamiento en EEUU, siendo el casero más grande de todo
el país; practicando subidas de precios del más del 20% desde 2022.
Esta realidad no es ajena
al estado español, en la que Blackstone gestiona la private equity Anticipa
Real State. Esta private equity se ha
alimentado en buena medida de viviendas provenientes de CatalunyaCaixa. A este
respecto, hay que recordar que CatalunyaCaixa fue rescatada con 12.000 millones
de dinero público, sin ninguna contraprestación social. Y que fue absorbido por
el BBVA en 2016. Mientras tanto, su entramado inmobiliario ha sido gestionado
por Blackstone a través de Anticipa, beneficiándose de la subida de precios de
las propiedades, que en muchos casos habían sido previamente habitadas por
familias desahuciadas. Otro caso prototípico, estudiado por Manuel Rico, es el
fondo Sagesse Retraité Santé, que a través de su private equity DomusVi SAS presiona por
controlar la administración del mayor número posible de residencias de ancianos
públicas y privadas. De hecho, DomusVi SAS controla hasta 138 residencias y
20.000 camas. Y que para maximizar sus beneficios trata de
recortar al máximo la calidad de vida de los residentes y el salario de los
trabajadores. En resumen, los Fondos de Gestión de Activos
encarecen nuestra vida a través del control de estructuras, cuya titularidad o
gestión ha sido privatizada, y que antiguamente eran accesibles gracias a la
función pública.
Táctica de los Fondos Buitre
En tercer lugar,
encontramos a los Fondos Buitre. Este es un término que se ha vuelto
enormemente popular entre movimientos sociales de todo el mundo para señalar a
los fondos en general, pero que apunta a una táctica concreta. Esto es, la adquisición
de deudas y propiedades con problemas de insolvencia, comprándolas a precio de
saldo. Y una vez adquiridas, exprimir más a los
usuarios y deudores. Es decir, son buitres en tanto que se
aprovechan de desgracias ajenas, que en muchas ocasiones han colaborado en
provocar. Un buen ejemplo ha sido la deuda emitida por fondos como Elliot
Management o Aurelius Capital al gobierno argentino por más de 120.000 millones
de dólares. Y que ha llevado al país a una situación de dominio de su economía
por parte de dichos fondos. Otra realidad análoga, aunque a nivel más micro, es
la del municipio sevillano de Burgillos. El consistorio de dicha ciudad, y con
opacidad de cara a los vecinos, se endeudó hasta en 27 millones de
euros con el fondo KSAC Europe Investments, que ahora exige el embargo del
patrimonio, las estructuras y la vivienda pública del municipio de la ciudad.
Ambos son ejemplos
arquetípicos de colonización, en el que un Fondo Buitre es capaz de superponerse
al poder institucional y soberano de un territorio, tratando de pasar por
encima de la ciudadanía. No obstante, hay que aclarar que una
dificultad a la hora de categorizar a los fondos en base a sus tácticas es que
estas compañías no actúan de forma pura. Por ejemplo, Blackstone
aspira a mantenerse como el mayor casero del mundo, lo que le convierte en
uno de los Fondos de Gestión de Activos preponderantes en el sector
inmobiliario. No obstante, Blackstone también practica compraventas de acciones
empresariales, y asimismo se aprovecha de los sufrimientos ajenos como un Fondo
Buitre captando vivienda de personas con problemas de insolvencia. Es más, como
indican los estudios de Gabarré y el Observatorio CODE, Blackstone ha
practicado comisiones millonarias a la SAREB, un banco que el estado
español creó posicionándose como avalista. Y cuyo objetivo es la venta de
propiedades de difícil salida al mercado, provenientes de bancos españoles
rescatados con dinero público. Aquí es importante matizar que muchas de estas
propiedades son de familias desahuciadas o en proceso de desahucio. Y que la
falta de venta de todas las propiedades llevará previsiblemente al estado
español a practicar un nuevo rescate a la banca en 2027 al ser el avalista de
la SAREB y manteniendo esta entidad actualmente una deuda de 30.000 millones de
euros. Mientras tanto, Blackstone sigue cobrando sus comisiones.
¿A quién quieren los
fondos derivar todos estos costes?
A nosotros. A la clase
trabajadora. A la ciudadanía. A los que nos encontramos abajo. Como se ha
señalado, aunque los fondos de extracción utilicen tácticas diferentes,
coinciden en su estrategia común de captar nuestro dinero para precarizar
empleos y aumentar precios. Pero hay otro aspecto esencial, que
son los impuestos. Los fondos no son exactamente
anti-impuestos. Los propios fondos son conscientes de que los
impuestos son necesarios para mantener sus intereses, al menos de momento. Sin
impuestos, no podrían crearse las estructuras que una vez privatizadas los
fondos pueden adquirir a precios bajos. Sin impuestos, muchas economías
colapsarían, al no ser capaces de proveer a los tejidos empresariales de una
mano de obra altamente cualificada y con capacidad de movilidad. Sin impuestos,
los fondos no podrían recuperar sus emisiones de deuda a instituciones
públicas.
Es más, sin impuestos se
quedarían sin una parte importante de la financiación con la que operan: ya que buena
parte de su dinámica pasa por traspasar recursos públicos a sus intereses
privados. Los fondos quieren que existan los
impuestos, otra cuestión distinta es su deseo de no contribuir
fiscalmente, y que tal dinero no financie servicios y prestaciones públicas que
puedan rivalizar con sus intereses. De esta forma, los fondos presionan a los
gobiernos para que creen mecanismos que les permitan no pagar impuestos a la
par que recortar el Estado Social. De hecho, en el estado español existe la
figura de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, también
conocidas como las SOCIMIs. Esta es una figura
societaria que toman muchos fondos y private equity que dedican más de un 80% de su
actividad al arrendamiento de propiedades, contando con enormes privilegios
fiscales: están exentas del impuesto sobre actos jurídicos
documentados, del impuesto de plusvalía municipal y en determinados casos
tributan al 0% en el Impuesto de Sociedades.
Un buen ejemplo es la
SOCIMI Cerberus, un fondo creado para la gestión de propiedades del BBVA, que
de nuevo son de familias desahuciadas o en proceso de desahucio. Es por ello
que los fondos de extracción son las herramientas de una nueva aristocracia
global: captan nuestro dinero, para explotarnos como trabajadores y
exprimirnos como consumidores, tratando de pasar por encima de nuestra
soberanía como ciudadanos, y procurando librarse de contribuir fiscalmente. Como
en el feudalismo, son una clase ociosa, que busca no pagar impuestos pero se
beneficia de los impuestos, que no reconoce ninguna soberanía a los de abajo, y
que procura extraer el fruto de nuestro trabajo para asegurar una posición de
poder en la que puedan extraer aún más. En pocas palabras, los fondos de
extracción son el principal opositor al que nos enfrentamos la clase trabajadora
de todo el planeta. Es un derecho y un deber quitar sus zarpas de nuestros
bolsillos y sociedades.
¿Qué podemos hacer?
La buena noticia es que ya
existen ejemplos de economías diferentes. La economía social y solidaria,
un término que también ha cogido resonancia en la última década. Esta se
refiere a todos los proyectos empresariales autogestionados
por sus trabajadores bajo criterios de transformación social: igualdad de
género, inclusión, sostenibilidad ecológica, enraizamiento territorial y buenas
condiciones laborales. En Cataluña, existen más de 1.600
iniciativas de la economía solidaria, que cuenta con su propia red
denominada Xarxa d’Economia Solidària (XES). Y que en el estado español ya representan
hasta un 10% del PIB, 43.000 empresas y más de dos millones de puestos
trabajo. Es más, la economía social tiene por objetivo cooperativizar todas
aquellas estructuras que satisfagan las necesidades humanas, siendo un núcleo
irradiador de una economía que tienda a la desfinanciarización.
También contamos con movimientos
sociales de todo el mundo, que confrontan a los fondos al garantizar derechos
económicos como el trabajo, la vivienda, los cuidados y la educación desde una
perspectiva de la dignidad humana: como Las Kellys, la PAH,
ATTAC, la Marea Blanca de la sanidad y una larga lista de colectivos. No
obstante, parece tornarse claro que el problema ha tomado una dimensión global,
en la que si bien nos podemos enfrentar a tácticas que se expresan de forma
diversa en lo local, entroncan con una estrategia extractivista común a los
fondos. Es por ello que un paso, seguramente insuficiente pero desde luego
necesario, pasará por la alianza de futuras luchas y
prácticas de transformación a nivel transnacional. No hay que
elegir entre economía o política, resistencia o propuestas, calle o asambleas,
ámbito local o global; sino por una síntesis que nos permita construir un
futuro nuestro. Esta es la libertad que los fondos de extracción quieren
cercenar, y esta es la libertad que podemos proteger ejerciéndola. De momento,
y mientras tales alianzas vayan creciendo, recordemos no
ceder frente a los fondos ni siquiera en su discurso: no
invierten, extraen. Recordemos pues que todo lo que acaparan y
todo lo que esperan acaparar es nuestro, incluyendo el futuro.
25/06/2024 Catalunya
–Plural Luis
Sanmartín Cava
Entradas
