jueves, 21 de diciembre de 2023

Telefónica: Venta del Estado en 1997 versus Compra del Estado en 2023

  

En el año 1997, con José María Aznar como presidente del Gobierno español y Juan Villalonga como presidente de Telefónica, el Estado acometió la privatización del 21% que mantenía en el capital del histórico monopolio español de telecomunicaciones, procediendo así a su privatización total

Veintiséis años después a fecha de hoy en diciembre del 2023, el Estado compra un 10 % del capital de Telefónica y se convierte en el primer accionista de Telefónica

¿Si en 1997 el Estado español necesitaba dinero por qué José María no se endeudó para evitar la privatización si el dinero de los compradores de Telefónica también fue un dinero conseguido con deuda? ¿O acaso para el acreedor no es más seguro un deudor que sea un Estado que un deudor privado por sólido que sea?

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Ver a continuación el contenido del artículo de prensa de lamarea

https://www.lamarea.com/2023/11/03/privatizar-para-renacionalizar-de-modo-parcial-a-los-26-anos-los-ruinosos-vaivenes-del-estado-con-telefonica/

 

Privatizar para renacionalizar de modo parcial a los 26 años: los ruinosos vaivenes del Estado con Telefónica

La privatización de Telefónica se culminó en 1997 con la venta del último 20,9% por 3.786,38 millones de euros (el Estado llegó a tener el 31,86%).

La actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró que “Telefónica es la empresa más estratégica de España”, después de que el operador de Arabia Saudí, STC Group, anunciara la compra del 9,9% de la compañía (operación que aún no se ha formalizado). Ahora, en lo que parece una clara respuesta a esta hipotética y potente llegada de capital extranjero, el Estado, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), está estudiando la posibilidad de entrar de nuevo en el accionariado de la teleco, después de su privatización en 1997.

En un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado 30 de octubre, se informó de que la SEPI lleva tiempo monitorizando la situación de Telefónica, SA “y está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía”. Dicho análisis, aclaran, “no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición”.

De hacerse, supondría renacionalizar Telefónica muy parcialmente, 26 años después de haberla privatizado. La gran diferencia es que el Estado llegó a poseer el 31,86% de la teleco, y ahora (aunque de momento sólo son elucubraciones) se habla de que podría adquirir un 5%.

El error de la privatización de Telefónica

Esto revelaría, según el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, “el disparate que supuso la privatización de Telefónica y de otras empresas públicas estratégicas». «Demuestra que no se pueden dejar empresas que son oligopolio o monopolios, o que están en sectores especialmente sensibles, en manos de intereses privados”, analiza.

A esto se refirió Joaquim Vergés, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universitat Autónoma de Barcelona, en su estudio Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España (1985-1999), publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. “La hipótesis de que ciertas grandes privatizaciones vienen explicadas por la necesidad o conveniencia de desmonopolizar y/o desregular una determinada actividad o sector resulta, a pesar de lo que sugieren los planteamientos habituales, difícil de sostener en el caso de empresas como Campsa, Enagás, Retevisión, Telefónica o REE», afirmó Vergés. «En éstas –añadía– se han privatizado actividades que presentan características de monopolio natural, manteniéndose (total o parcialmente) la situación de monopolio de las empresas en cuestión (situación de monopolio sobre la que difícilmente se podría defender lo contrario en términos de racionalidad económica)”.

Recuperar la teleco

La privatización de Telefónica comenzó con Felipe González (PSOE) y terminó con José María Aznar (PP) en febrero de 1997, mediante una Oferta Pública de Acciones (OPV) sobre el 20,9% que todavía mantenía el Estado. Lo que supuso unos ingresos, de acuerdo con la SEPI, de 3.786,38 millones de euros. Fue la mayor OPV realizada en España hasta esa fecha.

En un artículo publicado en Mundo Obrero, Sánchez Mato cifra en 23.900 millones de euros el dinero que el Estado ha dejado de percibir por salirse de Telefónica: 20.002 millones por los dividendos no percibidos entre 1997 y 2003 y 10.102 por el valor de la participación estatal (que fue del 31,86%). A esto habría que restarle, con los cálculos de Mato, los ingresos por la privatización (3.786,38 millones) y las ampliaciones de capital que se ha ahorrado el Estado: harían un total de 6.139 millones de euros.

Es decir, comenta el economista, no sólo fue un grave error, sino también un “negocio ruinoso”. Puesto que, a precio de mercado, la adquisición ahora por parte del Estado del 5% de Telefónica (que es el porcentaje con el que elucubran diversos medios) supondrían unos 1.100 millones de euros. No obstante, aclara, estas operaciones se hacen fuera de mercado y las fórmulas para rubricarlas son múltiples, por lo que no se puede conjeturar con lo que tendrá que pagar el Estado si finalmente retorna al accionariado de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete.

Con un 5% se puede tener el control

Actualmente, según la web oficial de Telefónica, las participaciones significativas en la empresa son: BBVA (4,87%), Blackrock, Inc (4,48%) y CaixaBank (3,5%). Ergo, con un 5%, el Estado sería el mayor de los minoritarios (siempre a la espera de lo que acabe pasando con el operador saudí).

Respecto al poder que el Estado podría ejercer sobre la compañía con ese 5%, Sánchez Mato sostiene: “Con un 5%, un Gobierno decidido puede hacer que Telefónica sea un instrumento público potente. Y con un 99,9%, un Gobierno que no quiera puede hacer que no valga de nada. Así que todo depende de la voluntad del Ejecutivo. Pero el PSOE no está en ésas”.

El Estado, además, tiene un 17% de CaixaBank (a su vez accionista de Telefónica) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En respuesta a STC

Lo que sacudió el avispero fue el anuncio por parte de STC de que había adquirido una participación del 9,9% en Telefónica, por un importe total de 2.100 millones de euros.

La inversión, explicaron, se realizó mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5,0% del capital. STC Group, detallaron, obtendrá los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. El grupo saudí también aclaró que no tenían la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica.

Que el porcentaje total estuviera por debajo del 10% evitaba que STC se topara con una parte del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, el llamado ‘escudo antiopas’.

Pero chocaba con otra, la referida en el artículo 18 respecto a que las inversiones extranjeras (entre el 5% y el 10%) en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional (como es el caso de Telefónica) sí precisan de la anuencia del Ministerio de Defensa.

Pero es probable que también soslayen esta exigencia, ya que, como apunta elEconomista.es, los saudíes podrían haber renunciado a convertir en acciones ese 5% y, por tanto, pretenderían mantener el 4,9% actual.

Sánchez Mato también sostiene esta teoría: es posible que no fuera más que un negocio financiero, comenta, “pero lo han convertido en un problema de país”. Y en STC, continúa, “al ver la escandalera que se ha montado, habrán pensado que qué necesidad tienen de meterse en este bochinche. Convierten lo que no les exige autorización, y se llevan bien con todos, incluido su amigo el monarca español”.

Más de 43.000 millones de euros para el Estado por las privatizaciones desde 1984

La privatización de Telefónica, que ahora podría revertirse parcialmente, es sólo una de las muchas que se produjeron en España desde 1984 hasta la actualidad.

Entre 1984 y 1996, cifran en la SEPI, se realizaron en torno a 70 operaciones de venta de participaciones públicas, y el Estado ingresó más de 13.200 millones de euros.

A partir de 1996, agregan, tras la aprobación (el 28 de junio) del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, “las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos”.

En ese periodo, salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc. También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades.

La mayor parte de estas privatizaciones las realiza SEPI, a las que hay que añadir las ejecutadas, hasta su integración en esta Sociedad Estatal, por SEPPa y por la Agencia Industrial del Estado.

Los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de OPV.

Esto hizo, como detalla el economista Eduardo Garzón, en La Marea, que España pasara de tener 130 empresas públicas estatales participadas mayoritariamente y de forma directa en 1985, a sólo 16 en 2019. Y de 800 empresas en 1985 con participación indirecta o minoritaria, a 100.

En este momento, la SEPI abarca 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, y dispone de participaciones directas minoritarias en 10 empresas e indirectas en más de 100 sociedades.

El proceso privatizador en España

Germá Bel y Antón Costas, de la Universitat de Barcelona, analizan este desaforado proceso en La privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política. Sitúan el inicio en la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941. En 1976, éste ya se había convertido en el principal grupo industrial de España.

Entre 1977 y 1984, relatan, España experimentó una profunda crisis económica que –como señalan Martín Aceña y Comín en su estudio sobre los 50 años de industrialización de España desde la creación del INI– provocó “el desembarco masivo en el holding de empresas privadas en dificultades”. El INI, completan Bel y Costas, “fue empleado como hospital de empresas”.

Posteriormente, continúa el estudio, tras la llegada del PSOE al Gobierno, en diciembre de 1982, se abordó en el bienio 1983-1985 un proceso de saneamiento de la economía española, que fue el más intenso desde el inicio de la crisis. Tras este periodo, España abordó su integración en un espacio económico más amplio: la Comunidad Económica Europea. Este escenario llevó, desde mediados de la década de los ochenta, a un incipiente proceso de privatización de empresas del sector público.

Las privatizaciones entonces, por lo general, tenían el objetivo de reducir gastos y conseguir ingresos para la Hacienda Pública. Entre 1985 y 1991, se privatizaron 7,6 empresas de media al año.

La privatización como instrumento de política económica

En la década de los 90, indican, se aceptó la idea del empleo de la privatización como instrumento de política económica. Son paradigmáticas las palabras del ministro Aranzadi en 1922: “En este país, el único gobierno que ha privatizado es el socialista. La derecha, ya sea en la época franquista, ya sea en la época democrática, lo único que ha hecho es incorporar al sector publico empresas, como si fuese un hospital”.

Sin embargo, entre 1992 y 1996 hay una clara ralentización: se privatizan un promedio de tres empresas al año.

También en esa época, recuerda Garzón, se firmó el Tratado de Maastricht, que sentaba las bases para la introducción de la moneda única. Puesto que uno de los requisitos para poder formar parte de la unión monetaria era tener déficit público inferior al 3% del PIB, subraya, “el Gobierno de Felipe González encontró la excusa perfecta para vender las joyas de la corona”. Así, se desprendieron, entre otras, de EndesaRepsol, Argentaria o Ence.

El PP no ocultó que era cuestión de ideología

En mayo de 1996, recuerdan Bel y Costas, el PP accedió al Gobierno de España. Y fue directo: el ministro de Industria, Josep Piqué, señaló: “La reordenación del sector publico industrial del Estado va a incluir en su seno el Plan Estratégico de Privatizaciones, que es un compromiso de investidura del presidente del Gobierno”.

Dicho plan clasificaba a las empresas públicas en cuatro grupos: las inmediatamente privatizables, las que precisaban la previa desregulación de los sectores, las que necesitaban antes un saneamiento patrimonial y las que no eran privatizables ni a corto ni a medio plazo.

En este periodo, las privatizaciones recuperan la intensidad del primero. Había, sostienen los autores del estudio, plena convicción de la superioridad sistemática de la gestión privada.

Por ello, enfatizan, “el Gobierno del Partido Popular situó la privatización en el núcleo de su política económica. Las motivaciones reveladas fueron más de carácter económico, relacionadas con la mayor eficiencia de la empresa privada, que de carácter financiero”.

La Marea   Óscar F. Civieta  3 noviembre 2023

 

 

sábado, 16 de diciembre de 2023

Los cambios de residencia fiscal para pagar menos elevan la desigualdad

EL DEBATE SOBRE LA POLÍTICA DE IMPUESTOS
La mitad de la población sale perdiendo con la competencia en tributos, según el IEB

Una vista del distrito financiero de Madrid. La comunidad ha atraído en los últimos años contribuyentes de rentas altas gracias a su política fiscal Dani Duch

Eduardo Magallón
, Barcelona 10/12/2023

Los cambios de residencia fiscal en la búsqueda de una tributación más ventajosa incrementan las desigualdades porque reducen la “la capacidad redistributiva de los gobiernos”. El último IEB Report (elaborado por el Institut d’Economia de Barcelona-UB) analiza las consecuencias que tiene para la economía los cambios de domicilio fiscal de los contribuyentes con rentas altas.

Mathilde Muñoz, profesora de UC Berkeley e investigadora del NBER, explica en un estudio que el 50% de la población con ingresos más bajos “salen perdiendo en la competencia fiscal y siempre estarían mejor en una unión federal”. La estimación de la autora es que “su pérdida de bienestar oscila entre un 10 y un 20% de media, en función de las preferencias redistributivas”. En cambio, los contribuyentes que se van “salen beneficiados de la competencia fiscal, porque sus impuestos bajan con la movilidad provocada por la imposición cuando los países entran en un régimen de competencia fiscal”.
En Suiza, la bajada de impuestos para atraer contribuyentes ricos no derivó en un alza de la recaudación
El análisis se basa en la competencia fiscal entre estados, aunque la casuística puede ser similar dentro de un mismo país, como sucede en España. Isabel Z. Martínez, investigadora del KOF Swiss Economic Institute de la ETH Zurich, analiza lo que sucedió en el cantón suizo de Obwalden cuando en el 2006 el gobierno regional modificó unos tipos impositivos decrecientes con el objetivo de atraer a contribuyentes con patrimonios altos. “La reforma no incrementó los ingresos”, sentencia en un artículo la economista. “Los ingresos fiscales totales en Obwalden aumentaron con el tiempo, pero los ingresos por el impuesto de la renta en otros cantones aún aumentaron más en comparación”, sostiene. En el mismo trabajo y citando un informe anterior del 2010, Martínez recuerda que “los diferenciales impositivos en España motivaron respuestas migratorias que no fueron suficientes para compensar las pérdidas de ingresos mecánicas derivadas del hecho de bajar los tipos impositivos”.
Rafael Granell, investigador del IVIE, señala que “es evidente que si se te van de tu comunidad los que tienen renta más altas, tienes menos ingresos públicos”. Y recuerda que los traslados de domicilio fiscal son muy fáciles dentro de un mismo país.
La rebaja del bienestar de las familias puede situarse entre el 10 y el 20%

Alejandro Esteller-Moré, catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona y coordinador del último IEB Report, explica que “dentro de un país cuando hay competencia fiscal entre dos comunidades autónomas al final hay una que pierde y otra que gana”. O pueden perder las dos en algunos casos. Lo que sugieren los estudios publicados por el IEB sobre Suiza o Estados Unidos –añade Esteller– es que el territorio que baja tipos de tributación no consigue más recaudación aunque lleguen más fortunas porque los impuestos bajan para todos. Y obviamente el territorio que pierde contribuyentes obtiene menos ingresos también. “A nivel de competencia entre países, puede tener un efecto positivo pero dentro de un mismo Estado no”, añade.
“Entre las comunidades autónomas la competencia fiscal debe existir en unos niveles razonables pero el problema es cuando entras en una competencia agresiva, como pasa a nivel estatal internacional con países como Irlanda o Luxemburgo”, reflexiona Jorge Onrubia, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador en Fedea.
¿En España tenemos competencia fiscal agresiva? “Creo que sí”, contesta, aunque matiza que hay un “pecado original” con la instauración de un impuesto a la riqueza como el de patrimonio, ya que distorsiona la estrategia fiscal de las autonomías. En opinión del economista, la supresión de facto por parte de algunas comunidades como Madrid o Andalucía del impuesto sobre el patrimonio podría entenderse en cierta manera como un fraude de ley. “Tú tienes un instrumento que te ha cedido el Gobierno para completar tus ingresos y le pones una bonificación del 100%. Es casi un fraude de ley”, señala.
Aunque ese problema se ha acabado después de que el Gobierno central impusiera un nuevo impuesto a las grandes fortunas que es complementario al de Patrimonio. Una vez que el Tribunal Constitucional ha avalado su legitimidad tras los recursos de gobiernos autonómicos, las comunidades donde Patrimonio estaba bonificado al 100% –Madrid y Andalucía– han anunciado que revisarán la citada bonificación. Es un movimiento que reducirá la competencia fiscal entre comunidades. Está por ver qué consecuencias tendrá.



jueves, 30 de noviembre de 2023

Fiscalidad para unos y para otros

 


Subir o bajar los impuestos parece que son las únicas opciones que nuestros políticos nos ofrecen. Ambas, sin duda, responden a un modelo de sociedad que, por cierto, ni se ha debatido ni se ha explicado más allá de las promesas propias del día de Reyes.

Quien dice bajar los impuestos no nos dice cómo equilibrar nuestro presupuesto público ni como reducir nuestro endeudamiento en unos momentos de tipos de interés más altos.

Quien nos dice subir los impuestos tampoco nos dice qué coste van a tener las políticas de gasto que se proponen y si nuestra economía y los contribuyentes podrán soportarlo.

Ambos, eso sí, son conscientes del problema de la desigualdad y del de la vulnerabilidad. Pero ni uno ni otro nos dice qué está fallando para que las prestaciones públicas que pretenden paliar tales situaciones, como el ingreso mínimo vital, no estén llegando a manos de sus beneficiarios. Y tampoco nos dicen nada sobre qué políticas de gasto no están siendo lo suficientemente progresivas como para disminuir la desigualdad de forma significativa.

Mientras uno nos dice también cuál es su política económica, el otro nos dice que las empresas han de pagar más impuestos.

Pero ni uno ni otro nos dicen qué hay que hacer para redistribuir mejor la progresividad, ya que no se trata de recaudar más, sino de redistribuir mejor el pastel y promover el aumento de recaudación a través de lo que sé denomina el ensanchamiento de bases imponibles

Donde ambos coinciden es en no hablar mucho del gasto público. De la necesidad de analizar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. De evitar las duplicidades y los gastos superfluos y clientelares. Bueno, en realidad, uno dice que se puede recortar mucho que no lo creo, y el otro que, sin perjuicio de mejoras, el gasto público ya se gestiona adecuadamente.

Unos miran y admiran el modelo fiscal nórdico, pero se olvidan de que se sustenta en una excelencia de los servicios públicos y en el pleno convencimiento del ciudadano de su calidad, sin menoscabo del necesario equilibrio entre lo público y lo privado. Donde el servicio público es eficiente y eficaz, el servicio privado es un competidor más. No se dice, tampoco, que es un modelo en que el IVA tiene un peso importante. Otros admiran los derechos laborales de los trabajadores alemanes, pero se olvidan de la elevada renta per cápita germana y de su mejor productividad,

Personalmente, creo que no hay que mirarse en otros espejos, sino en el nuestro propio como mínimo hasta resolver nuestros problemas. Y para ello es imprescindible el diálogo. Imponer nunca es la solución. Convencer, sí. Dialogar, también. De ahí la importancia de que unos y otros dejen de hablar para unos y para otros, y se sienten a hablar entre ellos.

Solo así es posible tejer un nuevo contrato social

No se trata de recaudar más sino de redistribuir mejor el pastel


Antonio Durán-Sindreu Buxadé - Profesor UPF

 

 

 

viernes, 3 de noviembre de 2023

El fascismo español no nació con Falange: surgió en Barcelona y hunde sus raíces en la Cuba colonial

 

        

           Nota previa: artículo aparecido en un medio de prensa

Los historiadores Xavier Casals Meseguer y Enric Ucelay-Da Cal publican un impactante ensayo con polémicas tesis que ahonda en los orígenes catalanes de este movimiento.

Las Ramblas de Barcelona se convirtieron en enero de 1919 en un campo de batalla, en el escenario de una lucha por el dominio del bulevar como símbolo del control de la ciudad. A un lado, los jóvenes catalanistas que entonaban El Segadors y se dedicaban a intentar desgarrar el uniforme o romper el sable de los militares; al otro, un grupo ultraespañolista, organizado bajo el rótulo de Liga Patriótica Española (LPE), con garrotes que intimidaban a los que gritaban "Visça Catalunya!" y les forzaban con pistolas a clamar "¡Viva España!". En un manifiesto lanzado a finales del año anterior, estos últimos defendían la necesidad de redimir a Cataluña de "sus hijos malvados" que la llevaban "a la ruina", mostrando su confianza en "los pundonorosos oficiales del Ejército Español".

Esta formación, con elementos de procedencia ideológica heterogénea, no solo encarnó el primer escuadrismo españolista organizado, sino que también reflejó, según los historiadores Xavier Casals Meseguer y Enric Ucelay-Da Cal, "un fascismo español primigenio", el embrión del primer partido fascista español genuino.

Sorprende esta primera idea porque la gran mayoría de estudios han asociado el fascismo español a los años de la Segunda República y al falangismo y han localizado su epicentro geográfico en Madrid. Pero los autores de El Fascio de Las Ramblas, un ensayo impactante lleno de tesis novedosas publicado por la editorial Pasado&Presente, sostienen que este fenómeno tuvo sus raíces en Cuba, afloró y se configuró en la Península por primera vez en Barcelona entre 1919 y 1923 y tuvo ecos y reverberaciones en la capital entre finales de 1922 y principios del año siguiente.

                El gobernador civil de Cataluña, Joaquín Milans de Bosch, retratado con un hombre. 


Casals Meseguer y Ucelay-Da Cal aseguran que la emergencia y la evolución del fascismo en España fue inseparable de la del militarismo del siglo XIX. Para enfrentarse a la doble amenaza del separatismo y la revolución obrera, los capitanes generales de Cataluña Joaquín Milans de Bosch y 
Severiano Martínez Anido exportaron desde La Habana —donde se había luchado contra la independencia y las revueltas de esclavos gracias al apoyo de las élites propeninsulares y un Cuerpo de Voluntarios— un sistema que les permitió ocupar el poder civil con apoyo de las élites locales y una milicia auxiliar, conformando lo que denominan "Capitanía cubana" de Barcelona.

En el caso catalán, esa primera milicia auxiliar fue la Liga Patriótica Española, cuyo testigo recogerían el Somatén, una organización civil que se arrogó funciones de orden público, los grupos parapoliciales de la llamada "banda negra" y los eficientes matones del Sindicato Libre. Ese "fascismo de primera generación" —también se manifestó con la creación del grupo La Traza—, con un discurso y una práctica política acuñada en Ultramar, un carácter esencialmente organizativo y una organización ideológica muy escasa, tuvo su epicentro en la convulsa Barcelona de 1919-1923, aunque interaccionó con propuestas surgidas en Madrid, como en el seno del africanismo militar, encarnado por la Legión de Millán-Astray.

Si este fascismo hunde sus raíces en la Habana y se desarrolló en Barcelona y Madrid, el de "segunda generación", articulado esencialmente en torno a la ideología, se incubó, resumen los autores, desde Valladolid, con Onésimo Redondo a la cabeza, y de nuevo la capital, con Ramiro Ledesma. Ambos grupos se fusionaron en octubre de 1931 en las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) y se unirían a su ente rival, la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, en febrero de 1934.

Cuatro dictaduras

Además de diferenciar esas dos etapas y de analizar el "influjo cubano" del fascismo español, el doctor Xavier Casals Meseguer y el catedrático Enric Ucelay-Da Cal, plantean en su obra otras cuestiones "que obvian las historias del siglo XX de España y Cataluña". Por un lado, apuntan que la "Capitanía cubana" de Barcelona "conformó una realidad estructural de clara continuidad", es decir, fue "un sólido centro de poder político" con "la voluntad de dar una lección al conjunto del Estado". Milans y Martínez Anido, tradicionalmente descritos como represores de anarquistas y catalanistas de todo tipo, "se proyectan como el resultado de una mutación estructural del fogoso y disperso militarismo español decimonónico".

En este sentido, reclaman superar la visión imperante en la historiografía de que solo hubo un poder regional importante en Cataluña en esta época, el de la Mancomunitat. "En realidad, el siglo XX catalán estuvo marcado por la alternancia de gobiernos catalanistas (1914-1923, 1931-1939 y de 1980 en adelante) y castrenses (1923-1930 y 1939-1975). La paradoja mayor de esta historia fue que el intervencionismo militarista que la originó se amparó en la necesidad de evitar que Cataluña se convirtiera en una 'segunda Cuba' y fue su actuación la que hizo realidad tal profecía en sentido inverso, al desarrollar un poder castrense como el de La Habana".

Otra de las conclusiones más rompedoras del ensayo es que España habría tenido en la pasada centuria "cuatro dictaduras inseparables": las oficiosas de Milans (1919-1920) y Martínez Anido (1920-1922, el "anidato") —"sendas autocracias que aspiraban a rediseñar el Estado postliberal"—, que incubaron la de Miguel Primo de Rivera —su régimen castrense "influyó de modo decisivo en el desarrollo del futuro fascismo español al incentivar la irrupción de un nuevo nodo urbano en el mismo: Valladolid", recuerdan los autores—, que a su vez sirvió como "banco de pruebas" de la de Franco.

"En este contexto, debería cambiar la percepción de la gestión del poder en Barcelona de Milans, Anido y Primo para dejar de considerarlas una suerte de derivas autoritarias o pretorianas más o menos individuales generadas por la conflictividad intensa de la ciudad, y empezar a percibirlas como experiencias consecutivas que prepararon la dictadura primorriverista", manifiestan en sus conclusiones. Cuatro ciudades, dos fascismos y cuatro dictaduras. Un sugerente título para una nueva historia de España del siglo XX.

Anido, líder sublevado

Los historiadores presentan en su libro un dato inédito bastante curioso. Pocos días después del inicio de la Guerra Civil, Severiano Martínez Anido, que se había exiliado tras la proclamación de la Segunda República, pudo haber protagonizado un regreso estelar. José Mª Quiñones de León, importante diplomático e influyente figura de la derecha, durante muchos años el hombre de Alfonso XIII en París, le hizo llegar la propuesta de liderar la sublevación militar, supuestamente con el beneplácito de Emilio Mola, "el Director" del golpe.

Anido, que sería nombrado ministro de Orden Público en enero de 1938, rechazó la oferta en un escrito fechado el 24 de julio de 1936. Además de aducir problemas de edad y de haber formado parte de la anterior dictadura —fue subsecretario de Gobernación de Primo de Rivera—, añadió: "Habiendo tomado la iniciativa un general de prestigio, joven y con todas las demás condiciones que requiere el mando [en relación a Franco], para él ha de ser toda la gloria y responsabilidad (...), después de la difícil labor de vencer a los enemigos".

EL ESPAÑOL 24 octubre 2023