CAEN LAS DESLOCALIZACIONES FISCALES FALSAS EN CATALUNYA PERO AFLORA MÁS FRAUDE

La política tributaria de la Generalitat

La ATC recauda 294 millones, de los que 49,5 son por cambios de residencia

                                                La Consellera de Economía, Natàlia Mas

Cada vez hay menos deslocalizaciones fiscales ficticias fuera de Catalunya, pero las que se detectan son de contribuyentes con más recursos. El año pasado fue el ejercicio en el que se levantaron menos actas por residencias fiscales fraudulentas: 24 frente a las 45 del año pasado. Quizás porque el grueso de aquellos contribuyentes que quisieron irse de Catalunya de manera irregular en busca de una fiscalidad más baja ya lo han hecho, o bien no han sido detectados por la inspección.

La Generalitat ha conseguido aflorar 49,4 millones de euros en el 2022 con las 24 deslocalizaciones detectadas frente a los 28,7 millones del ejercicio anterior. La secretaria de Hisenda de la Generalitat, Marta Espasa, reflexionó este miércoles –tras presentar los datos de la actuación inspectora– que se constata que “cada vez hay menos deslocalizaciones hacia otras comunidades”. De los citados 24 cambios de residencia falsos, solo 10 fueron hacia otras comunidades autónomas, mientras que el resto se dirigió hacia el extranjero. A juicio de Espasa, “el impuesto sobre las grandes fortunas reduce el incentivo” a cambiar de domicilio porque se obliga a pagar un tributo alternativo al de patrimonio en las comunidades, como Madrid y Andalucía, donde está bonificado al 100%.

En opinión de la consellera de Economia, Natàlia Mas, no hay una fuga de contribuyentes a otras comunidades de baja tributación: “Por lo que respecta a Catalunya, no notamos que tenga una afectación significativa”. Lo que no se puede saber es cómo evolucionaría la recaudación y el número de contribuyentes de renta alta si no existiera la política fiscal a la baja de autonomías como Madrid, donde el IRPF es significativamente más bajo que en Catalunya.

En el periodo 2019-2022, la recaudación por cambios ficticios de residencia al extranjero (113 millones) multiplica por 11 lo recuperado por traslados falsos de domicilio a otras comunidades (11 millones). Esa tendencia se mantuvo el año pasado, cuando 10 regularizaciones por traslados fraudulentos generaron 4,5 millones de recaudación frente a los 44,9 millones de las 14 deslocalizaciones fiscales ficticias al extranjero. Eso significa que la gran bolsa de fraude no tiene origen en el dumping fiscal de Madrid, sino en el extranjero. Entre las acciones de inspección, hace años que Hacienda vigila las residencias de personas como los youtubers que han ido a vivir a Andorra. 

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) persigue de oficio todos los cambios de domicilio fiscal de contribuyentes a partir de un importe determinado de nivel de renta. El Departament d’Economia informó que en los últimos cuatro años se practicaron 814 requerimientos de información por sospechas de cambios de residencia fraudulentos. De estos, un 18% acabó en una acta de liquidación. En paralelo, el fisco catalán llevó a cabo 88 liquidaciones por importe de 60 millones por bienes situados en el extranjero y que no habían sido declarados.

Cifras
Entre el 2019 y el 2022 se recuperaron 1.055 millones, de los que un tercio proviene de sucesiones

Espasa insistió en que los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones generan inseguridad jurídica porque hace más de 30 años que no se ajusta su legislación. No se han llevado a cabo cambios normativos, como sí que ha sucedido en otros tributos.

La Agència afloró el año pasado fraude fiscal por 294 millones, lo que supone un descenso del 13,27% con relación al 2021, cuando se batió un récord con 339 millones, porque el año anterior, el de la pandemia, quedaron paralizados muchos procesos. Por impuestos, la ATC afloró 84 millones en el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (-3,44%), 5 millones en el impuesto sobre el juego (+ 66%) y 2 millones en otros impuestos propios, la misma cantidad que en el 2021.

Es en el impuesto sobre el patrimonio en el que más afecta la acción inspectora. Aunque Espasa detalló que no siempre coincide el momento del ingreso efectivo con el del acta levantada, lo cierto es que en patrimonio es donde proporcionalmente se detecta más fraude. En el 2022, la Generalitat ingresó 721,6 millones de impuesto sobre el patrimonio mientras el fraude aflorado es de 100 millones, lo que equivale a un 13,9%. En cambio en sucesiones y donaciones el año pasado se ingresaron 937,1 millones y el fraude aflorado de 102,8 millones equivale al 10,9%.

De los 1.055 millones recuperados entre el 2019 y el 2022, el 39,4% total del fraude fiscal procedió del impuesto de sucesiones y donaciones. Por otra parte, la Generalitat ha diseñado un nuevo plan de reducción del fraude fiscal para el periodo 2023-2026 que incluye 70 medidas, 22 de ellas nuevas, y siete ámbitos de actuación.

31/03/2023

 

Del iPhone a ChatGPT: la tecnología que usas está fabricada en manos pobres

Gigantes como Apple, Facebook o Google deslocalizan parte de su cadena productiva en países del sur global para ahorrarse costes y problemas laborales, una estrategia que desprotege a los más precarizados

Tim Cook (en primer término, de amarillo), consejero delegado de Apple, durante una visita a una factoría de Foxconn en Henan (China), el pasado marzo.

La ropa barata que vistes y los zapatos de moda que llevas probablemente han sido confeccionados en condiciones de precariedad por los empleados de fábricas en países como Bangladés, Myanmar, Indonesia o China. Incluso podrían ser fruto del trabajo forzado. Con la tecnología pasa lo mismo.

Aunque no lo veamos, un hilo invisible conecta el móvil de última generación que guardas en tu bolsillo, nuestras redes sociales favoritas y la inteligencia artificial que tanto nos fascina con países del sur global donde la mano de obra es mucho más barata, especialmente en el África subsahariana o el sureste de Asia. No es un hilo, sino la cadena de suministro global. Una realidad que, como apuntó la académica Sarah T. Roberts en el libro 'Behind the screen', va más allá de la extracción de minerales esenciales para la fabricación de dispositivos tecnológicos como el litio, el coltán o el cobalto.

Es el caso del famoso ChatGPT, un programa capaz de simular una conversación humana y responder a todo tipo de preguntas de los usuarios casi en tiempo real. Incluso resumir textos complejos en términos simples, hacer tus deberes, componer música o escribir una novela imitando un estilo literario. Al interactuar con la máquina puede parecer que hace magia, pero esa sensación está lejos de la realidad. El sistema, que ya usan más de 100 millones de usuarios al mes, ha sido programado para aprender de millones de datos que extrae de internet.

OpenIA subcontrató trabajadores en Kenia para supervisar ChatGPT

El 18 de enero, una investigación de la revista TIME destapó que OpenAI, la compañía responsable de ese chatbot había subcontratado a trabajadores en Kenia para que revisasen su buen funcionamiento. Usar la información que saca de la web lleva a ChatGPT a cometer errores importantes e incluso replicar mensajes de odio. La misión de los empleados keniatas es testear el programa una y otra vez y marcar las respuestas erróneas. Esa categorización permite reducir los sesgos y perfeccionar las respuestas. Esa tarea es vital, pero aún así su salario equivalía a los dos dólares por hora trabajada.

La decisión de externalizar esas tareas en Kenia evidencia una relación poscolonial desigual entre los gigantes tecnológicos y las naciones en vías de desarrollo. El salario que se paga a los trabajadores keniatas es superior a la media del país, pero está muy lejos de los 14,71 dólares por hora que cobran los empleados en Estados Unidos por la misma tarea. Otros cargos de esa empresa cobran entre 192.000 y 273.000 dólares al año. Tras la multimillonaria inversión que hizo Microsoft en enero, OpenAI está valorada en 29.000 millones.

"Cada vez hay más trabajadores dispuestos a competir de forma salvaje para acceder a salarios cada vez más bajos. Ese modelo se extiende por el mundo".

"Cada vez hay más trabajadores dispuestos a competir de forma salvaje para acceder a salarios cada vez más bajos", explica a EL PERIÓDICO el investigador en tecnopolítica Ekaitz Cancela. "Es un modelo que se está extendiendo por todos los rincones del mundo".

Facebook indemnizará a miles de sus empleados por causarles enfermedades psicológicas

Esta realidad está lejos de ser una anomalía. OpenAI subcontrató a esos empleados a través de Sama, una empresa californiana que gestiona centros en Kenia y Uganda para realizar esas tareas más mecánicas y a la que recurren otros gigantes del sector como Google, Walmart, Microsoft o Meta. Si cuando haces 'scroll' en Facebook e Instagram no ves vídeos de asesinatos, violaciones o maltrato animal no es porque no existan, sino porque esos empleados los han visto y eliminado antes. Con el consecuente impacto psicológico que ello supone. La moderación de contenido es una industria que emplea unas 100.000 personas en todo el mundo.

Sama se describe como una compañía ética cuya misión es usar la economía digital para dar oportunidades a gente vulnerable. Sin embargo, enfrenta demandas por trabajo forzado, tráfico de seres humanos y represión de los sindicatos, que también incluyen a Meta. Una de esas denuncias la interpuso el mayo pasado Daniel Motaung, un empleado indirecto del gigante de las redes sociales. "Cuando eres pobre, es difícil negociar las cosas en un entorno laboral", explicó a 'The Africa Report'. "Aunque puedan sindicalizarse, esos empleados lo harían en el marco de países vulnerables como Kenia que no pueden negociar con esas multinacionales y donde la desprotección laboral es tremenda", añade Cancela. La presión internacional sí ha logrado que Sama deje de prestar servicios de moderación a la compañía liderada por Mark Zuckerberg.

Como pasa en otras industrias como la textil o la agroalimentaria, las empresas tecnológicas del hemisferio norte se aprovechan de un sur en el que se concentran trabajos poco valorados y mal pagados. Esa deslocalización les supone un importante beneficio económico. Además de recibir subsidios de los países que las quieren captar y de ahorrarse problemas laborales y los salarios de empleados en países más ricos, compañías como Meta, Alphabet (matriz de Google) o Microsoft explotan los vacíos legales en las leyes globales sobre impuestos para dejar de pagar unos 2.800 millones de dólares, según un estudio de la oenegé ActionAid del 2020. Tal incentivo no hace más que perpetuar esa asimetría de poder.

"Cuanto menor desarrollado es el país mayor es la penetración de estas empresas" Ekaitz Cancela

Apple lleva más de una década concentrando la mayor parte de la producción de los iPhone en China. La escalada de tensión entre Washington y Pekín ha hecho que la compañía de la manzana y otros pesos pesados de la industria como Google, Amazon o Microsoft muden parte de la fabricación de sus productos a países como Vietnam, India o Tailandia para reducir su dependencia del gigante asiático. Aunque parte de esa estrategia responde a razones geopolíticas, las empresas siguen priorizando su bolsillo. Los ingresos anuales de los manufactureros chinos se han triplicado en los últimos diez años hasta superar los 8.820 euros, según la Oficina de Estadística del país. En sus nuevos destinos la mano de obra es mucho más barata.

Esa lógica de extracción vampirizadora apunta en una dirección cíclica. "Cuanto menor desarrollado sea el país mayor será la penetración de estas empresas", apunta Cancela. "Explotan los países y sus recursos porque es la única manera de asegurar sus ganancias y competir con un país con un país sin derechos laborales como China". Ese es el modelo hacia el que vamos.

Carles Planas Bou   13/03/2023

Muere Marianne Brull, editora de libros antifranquistas

 

Fue una de las figuras más importantes de la editorial Ruedo Ibérico, creada desde el exilio y contra la censura por su marido, José Martínez Guerricabeitia.

La activista cultural Marianne Brull, que trabajó en la histórica editorial Ruedo Ibérico publicando desde París libros censurados por el franquismo, ha fallecido esta semana en Barcelona a los 87 años, según informa la agencia Efe. Nacida en Suiza en 1935 como hija del exilio español, Brull fue una de las figuras más importantes de Ruedo Ibérico, que gestionaba un grupo de refugiados políticos con orientación antifranquista.

El objetivo era publicar libros de historia, economía, sociología y política prohibidos por la censura en España.

La editorial se fundó en 1961y estuvo capitaneada por José Martínez Guerricabeitia (Valencia, 1921-Madrid, 1986), que fue el esposo de Marianne Brull. Ella entró en la editorial más tarde, en 1970, y estuvo trabajando en múltiples funciones hasta su liquidación, en 1982.

Los libros que editaba llegaban inicialmente a la España franquista a través de personas que acudían a Perpiñán, París u otras ciudades galas y los introducían por la frontera.

En 1964 empezaron las relaciones comerciales de Ruedo Ibérico con Rufino Torres, de Barcelona, que sería su fiel distribuidor en España de forma clandestina.

En estos años, Ruedo Ibérico también entabló relaciones con las más importantes editoriales latinoamericanas. Entre los libros que se editaron figuraron títulos como La guerra civil española, de Hugh Thomas, y El laberinto español, de Gerald Brenan, que abrieron el catálogo.

Obras señaladas

También vieron la luz gracias a Ruedo Ibérico obras como Falange. Historia del fascismo español, de Stanley Payne, Historia de la España franquista, de Max Gallo, Los comunistas en España, de Guy Hermet, Cuba, economía y sociedad, de Martínez Alier, o Escritos sobre España y La revolución permanente, de León Trotsky.

Con la Transición, Ruedo Ibérico también desembarcó en Barcelona y en 1978 se hizo la presentación oficial, con la asistencia del presidente de la Generalitat restaurada, Josep Tarradellas. Sin embargo, la editorial no sobrevivió a la época en un momento en el que grandes sellos empezaron a editar también libros de contenido censurado durante el franquismo.

Tras la muerte del dictador, Brull se instaló en el Poble Sec de Barcelona, donde ha vivido hasta su muerte, el pasado día 8.

Marianne Brull era también una apasionada del jazz, organizaba semanalmente conciertos de improvisación en ateneos y librerías y tenía un vínculo especial con el pianista mallorquín Agustí Fernández.

EL PERIÓDICO Barcelona

 

El 50% de los niños pobres seguirán siendo pobres de adultos

 

   Ernesto Gasco - Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil

Para este geógrafo vasco (San Sebastián, 1963), que desde hace tres años está al frente del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, el estudio presentado hace unos días por el presidente Pedro Sánchez que cifra en 63.000 millones de euros al año el coste de la pobreza infantil en España (¡el 5,1% del producto interior bruto!) le da argumentos suficientes para convencer a la sociedad en su conjunto de la necesidad de sacar adelante al 27% de los niños y adolescentes con carencias severas.

Objetivo
“La lucha contra la pobreza infantil debe ser ya la nueva Marca España”

“Sí, es cierto. Intentamos mostrar día a día que es muy injusto que haya niños en riesgo de exclusión, adolescentes con menos posibilidades de prosperar porque no tienen recursos, pero es insuficiente, el mensaje no llega. Parece que los ciudadanos estamos inmunizados ante lo que significan estas cifras de pobreza, lo que esconden los números. Pero con los datos que nos proporciona esta investigación de la Universidad de Alcalá y de la Pompeu Fabra, es posible que se entienda de otro modo... y, al fin, se actúe”, señala Ernesto Gasco.

Efectividad
“Si se mantienen las políticas de la infancia en un corto espacio de tiempo hay resultados”

Se entiende más cuando nos tocan el bolsillo, ¿no? La investigación calcula que cada año la pobreza infantil cuesta a cada español 1.300 euros.

Es que la pobreza hace mucho daño a todos, especialmente a quienes la sufren, pero también al país. Ese estudio lo que dice es que si no hubiera esa desigualdad, España tendría cada año (repito, cada año) 63.000 millones de euros más. Sería más rica. Si queremos ser patriotas, debemos combatir la pobreza infantil­. No es solo por razones éticas y de justicia, también económicas. Es una cuestión de inteligencia colectiva, como señala el estudio.

Pero son el Alto Comisionado y el Gobierno los que deben luchar contra la desigualdad.
Y lo estamos haciendo. Hemos constituido una alianza institucional para resolver esta desigualdad, pero necesitamos de todos y a todos para buscar una solución. El Gobierno ya tiene el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), la herramienta principal con la que España pone en marcha la Garantía Infantil Europea (GIE), una recomendación del Consejo de la Unión Europea destinada a romper el círculo de la pobreza infantil. Y contamos con 1.600 millones de euros, un 60% más de lo previsto inicialmente.

¿Para?
El objetivo de la GIE es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes en la Unión Europea tengan acceso a seis derechos básicos: educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo, asistencia sanitaria, vivienda adecuada y alimentación saludable. Y nosotros lo vamos a invertir a educación en general, a la de 0 a 3 años en particular, para becas, comedores, vivienda, tecnología... En definitiva, para conseguir que esos niños puedan salir de la pobreza, algo que la mitad de ellos no lo consigue cuando llega a la edad adulta.

¿La pobreza se hereda?
La pobreza lastra y, por ejemplo, impide que un niño tenga estudios superiores que le permitan acceder a un trabajo cualificado.

La educación como ascensor social.
No lo dude. Muchos de nosotros somos los que somos gracias a la universalización de la educación (la EGB nos hizo más europeos) y el sistema de becas para ir a la universidad...

¿El siguiente reto?
Tenemos que dar el salto para garantizar unos ingresos mínimos en todos los hogares, porque eso nos hará más ricos como ciudadanos y como país. Esos niños no son culpables de haber nacido en un determinado entorno, y tienen todo el derecho a desarrollarse como el resto. Eso debería ser nuestra Marca España.

¿Cómo es posible que España tenga ese nivel tan alto de pobreza infantil?
Es una pobreza estructural que viene de décadas. Tiene que ver con una economía no regularizada en determinadas zonas, tenemos grupos poblacionales, como los gitanos, que han estado en una economía subsidiaria, porque tenemos ciudadanos de otros países que tardan mucho en regularizar su situación...Y a eso podemos añadir la falta de políticas y recursos públicos.

¿Habla de los gobiernos del PP?
Desde el 2010 al 2019, las partidas para combatir la pobreza infantil han estado congeladas. En ese periodo, las políticas directas a la infancia en los presupuestos suponían unos 350 millones de euros. Del 2020 al 2021, la partida es de 3.000 millones de euros.

¿Cree que el PP no quiere acabar con esta situación que deja a decenas de miles de niños en la cuneta?
Creo que hemos vivido una época negacionista, de personas que negaban que hubiera la pobreza y que rechazaban los datos que proporcionaban y proporcionan organizaciones como Cáritas o Cruz Roja.

Hay comunidades, sin embargo, con unos índices de pobreza mejores que el resto, casi la mitad de la media, como Navarra y País Vasco, comunidades ricas...
...y que han mantenido esas políticas. Eso nos demuestra que si lo mantenemos en el tiempo, los resultados llegan, y llegan pronto.

¿En cuánto tiempo?
En un plazo de tres, cuatro o cinco años se ve que la pobreza se reduce. Vale la pena. Lo hemos visto también en Polonia, que a principios del siglo decidió poner freno a sus altos índices de pobreza y ahora está mucho mejor que España. También lo está haciendo Joe Biden (Estados Unidos), y ya empiezan a ver resultados.

Celeste López 13/03/2023

 

Hacienda lanza el impuesto mínimo a empresas en plena pugna con Ferrovial

 El Ministerio de Hacienda ha lanzado este martes la consulta pública para gravar a las multinacionales con una tributación mínima del 15% y evitar la elusión fiscal, tal y como acordaron los países que componen la OCDE y que refrendó la Unión Europea el pasado mes de diciembre con la publicación de una nueva directiva comunitaria. Lo hace en plena polémica sobre el cambio de sede de Ferrovial a los Países Bajos, cuyo tipo medio del impuesto de sociedades es del 25,8% (superior al de España, al 25%) pero que permite llegar a acuerdos privados entre la administración y multinacionales en materia de fiscalidad, además de ofrecer exenciones en el gravamen que se fija sobre los dividendos. 

El momento elegido para lanzar esta consulta pública coincide con la pugna que tiene abierta el Ejecutivo con la familia del Pino, y que le ha llevado incluso a plantear el uso del escudo antiopas para evitar que la constructora ejecute su cambio de sede y desarrolle su fusión inversa. Ferrovial, por su parte, ha asegurado hoy que no necesita ningún aval estatal para continuar con sus intenciones. Defiende, además, que su traslado es a otro país de la Unión Europea y que el impacto fiscal de la medida se limitaría a reducir un 2% sus pagos a la Hacienda neerlandesa respecto a lo que abona en España. 

El procedimiento arrancado hoy por el Ejecutivo de Pedro Sánchez implica abrir a la participación pública el trámite administrativo según el cual se traspondrá la Directiva UE 2022/2523. En ella se establece un impuesto complementario sobre las rentas obtenidas por las multinacionales que están radicadas en la Unión, que pasarán a tributar a un tipo mínimo efectivo y global del 15%. 

Las empresas afectadas son aquellas que obtengan unos ingresos anuales de más de 750 millones de euros, aunque eximirá de su pago cuando, en ese determinado país, la cifra de negocio de la correspondiente filial sea inferior a 10 millones de euros y las ganancias sean inferiores a 1 millón de euros. También excluye a las entidades públicas, organizaciones internacionales, ONGs, fondos de pensiones e instituciones de inversión. 

Se espera que la nueva directiva entre en vigor el 31 de diciembre de 2023 y se aplicará de forma efectiva en el ejercicio económico 2024. La UE y el Gobierno señalan que esta norma trata de resolver la "erosión de las bases imponibles, causada por el desplazamiento de las rentas de las grandes empresas a países o territorios de bajo nivel impositivo", que pasan a ser todos aquellos con un impuesto de sociedades con un valor inferior al 15%. 

Diseñado con un carácter complementario, este tributo se calculará como la diferencia de tributación entre el tipo mínimo global del 15% y el tipo impositivo efectivo en ese país o territorio. Se aplicará sobre el "beneficio excedentario" que la multinacional obtenga en ese país con baja fiscalidad, un nuevo cálculo que resta unas "rentas vinculadas a la sustancia económica" (fijadas en el 5% de los costes salariales de los trabajadores y del valor contable de los activos materiales) a las ganancias netas. 

Estará regido por dos reglas financieras: la primera, relativa a la inclusión de rentas, supone que si una compañía multinacional tiene su matriz en España deberá calcular y pagar un impuesto complementario sobre las rentas que obtienen aquellas filiales que se sitúen en territorios con un nivel impositivo inferior al 15%. 

Por otro lado se encuentra la regla sobre los beneficios insuficientemente gravados, cuya aplicación efectiva se retrasa a 2025 y según la cual, la misma matriz deberá soportar la cuantía que corresponda en caso de que en ese tercer país donde está radicada la filial no aplique la regla de inclusión de rentas, o tenga un nivel impositivo bajo.

La Unión Europea permite, además, que cada Estado fije un impuesto adicional "admisible" sobre las empresas situadas en su territorio cuando éste tenga un nivel impositivo bajo. Este gravamen nacional se restará del cálculo del nuevo impuesto global. 

LA INFORMACIÓN   Víctor de Elena  07/03/2023

 

Julia Otero anticipó la marcha de Ferrovial a Países Bajos: "Lamento decirles que somos los idiotas"

 

Las palabras de la periodista se hicieron virales en Twitter

 
La marcha de la empresa Ferrovial, trasladando su domicilio fiscal a los Países Bajos, ha levantado todo tipo de críticas entre la actualidad económico y política española por el endeudamiento de la empresa. Tanto así que hubo una periodista que ya 'vaticinó' este hecho nada más y nada menos que en 2016. Sus palabras no han cobrado sentido hasta ahora, que un usuario de Twitter lo ha recordado por la plataforma y se ha vuelto en viral.

El vídeo, extraído de Tik Tok, informó: "No dejan de sucederse todo tipo de reacciones en la opinión pública. Una de las más aplaudidas en redes sociales han sido las palabras que Julia Otero dedicó en diciembre del año pasado al rescate por la quiebra de las autopistas de peaje y cómo Ferrovial se benefició de ello".

"Unas palabras las de Julia Otero que resumen perfectamente la hipocresía del sistema liberal que tanto presume Ferrovial y que, como muy bien dice la periodista en el programa, hace que a los ciudadanos nos tomen por idiotas", añade.

Julia Otero: "Papá Estado se queda el pufo y lo pagamos entre todos"

El vídeo pertenece al programa 'Julia en la Onda', de Onda Cero, de diciembre del 2016, donde Julia Otero aparece hablando sin pelos en la lengua sobre las construcciones de la autopista de Ferrovial y los "idiotas" que somos en esta situación.

 
"Si usted monta una empresa pequeña o mediana y se equivoca en las previsiones de negocio, los clientes no llegan o lo que usted ofrece no tiene mercado, tendrá que asumir el error y las pérdidas e incluso responder ante las deudas con su patrimonio personal. Normal en una sociedad de libre mercado, ¿verdad?", comenzó diciendo Julia Otero.

"Lo que es una anormalidad es que las Grandes Constructoras cobren del Estado cifras astronómicas por hacer autopistas de peaje, basadas en previsiones tan equivocadas que resultan sospechosas, y cuando llegan a la quiebra, papá Estado se queda el pufo y se las pagamos entre todos", añadió Julia Otero.

Julia Otero: "Que nos vamos a comer con patatas unos 5.000 millones de euros"

"El truco se llama 'Responsabilidad Patrimonial de la Administración', una cláusula milagrosa que cuando el negocio no sale como se esperaba, permite a esas grandes empresas o a sus bancos acreedores, cobrar del dinero público. Que nos vamos a comer con patatas unos 5.000 millones de euros, lo que costó construir seis autopistas de peaje en Madrid, una en Alicante y otra en Cartagena", reclamó Julia Otero.

Por último, la periodista lamentó que "nadie" pagará por los "errores cometidos". "Siete autopistas sin coches que nos han caído como regalo de Papá Noel. ¿Recuerdan aquella maravillosa película llamada 'La cena de los idiotas'? Pues lamento decirles que somos los idiotas", finalizó.

marca.com    06/03/2023

El BCE confirma lo que Diario16 lleva denunciando desde hace un año respecto a la inflación y la codicia corporativa

 

El BCE ha confirmado que uno de los factores que más ha profundizado en el incremento de la inflación han sido los incrementos de los beneficios empresariales

                                                          Luis de Guindos

Desde hace más de un año, Diario16, a través de múltiples análisis, ha venido denunciando que la codicia corporativa era la causa principal de la elevada inflación que está sufriendo la ciudadanía. Ahora, el Banco Central Europeo (BCE) ha confirmado en una reunión privada que esto ha sido así.

Según Reuters, citando a fuentes presentes en dicho encuentro, que tuvo lugar en Finlandia, al lado del Ártico, las cifras demuestran que el incremento de los márgenes de beneficios de las empresas han aumentado, en lugar de reducirse, que sería lo más lógico en un escenario como el actual. Por tanto, la inflación está provocada, precisamente, por la codicia corporativa que ha aumentado de manera artificial los precios de la energía, los alimentos y otros productos básicos.

El BCE ha señalado con claridad que las empresas han estado elevando los precios por encima de sus costos a expensas de los consumidores y las clases medias y trabajadoras.

Empobrecimiento de los trabajadores

En la Zona Euro los salarios están subiendo una media muy inferior a la inflación provocada por la codicia corporativa. Esto, según el BCE, está generando un empobrecimiento medio del 5% de la ciudadanía.

En España, la supuesta cuarta economía de la Eurozona, la situación es mucho más grave, dado que se pagan salarios por debajo de los niveles de pobreza, por lo que el incremento artificial de los precios por parte de las grandes corporaciones de todos los sectores ha tenido un impacto mucho mayor.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en vez de atacar a las grandes empresas advirtió sobre las reivindicaciones de las clases medias y trabajadoras. En concreto, afirmó que el supervisor de la Eurozona debía tener mucho cuidado por si los sindicatos exigen subidas salariales.

El BCE es muy reticente a hablar de los beneficios desmesurados de las grandes empresas. Esto es un modo de complicidad con la codicia corporativa, aunque ya se ha dado el paso del reconocimiento del grave problema que esto supone.

El discurso de las grandes empresas no cuela

Muchas grandes corporaciones afirman en ampulosos comunicados que sus incrementos excesivos de precios fueron necesarios para mantenerse al día con los costes externos, incluso cuando estas empresas informaron su año más rentable en casi cinco décadas.

Por otro lado, muchas de las mismas empresas que dicen que estaban en deuda con las fuerzas del mercado cuando subieron los precios presentaron miles de millones en beneficios adicionales, generosos dividendos para nuevos accionistas y grandes variables para sus directores ejecutivos. Ni cuadra ni cuela.

Cuando los precios que cobran las grandes empresas superan con creces el coste de hacer negocios, eso se llama codicia, simple y llanamente. Está claro que las corporaciones no han compartido la carga que las familias cotidianas han soportado durante la pandemia y la recuperación económica y, en cambio, han trasladado innecesariamente aún más costes a los consumidores.

Diario16   6 de marzo de 2023

 

 

EL DESAFÍO DE FERROVIAL NOS ABRE LOS OJOS

 

La decisión de Ferrovial de trasladar su sede a los Países Bajos, un país conocido por los privilegios fiscales a las empresas, es un serio desafío para el Estado de bienestar. La decisión de la constructora, que ha crecido al amparo de la obra pública del Estado y se ha convertido en una poderosa multinacional gracias a su capacidad tecnológica, nos abre los ojos ante los retos de la economía global. Un mundo en que el poder de las multinacionales supera cada vez más al de los Estados y al de las entidades supranacionales como la Unión Europea.

La excusa del traslado para facilitar la cotización de la compañía en Nueva York resulta poco convincente. Varias empresas españolas cotizan en Estados Unidos sin necesidad de cambiar de sede. Telefónica fue autorizada a operar en Wall Street en 1987.

La búsqueda de ventajas fiscales es una de las motivaciones básicas de la iniciativa. La compañía habría explorado los sistemas de otros países de baja tributación como Luxemburgo e Irlanda

Ferrovial aprovecha las debilidades de la UE en materia fiscal. Un agujero que impide a la Unión avanzar en la cohesión europea. Situación de la que se aprovechan Países Bajos. Irlanda, Malta, Chipre y Luxemburgo, que con sus sistemas fiscales especiales, pueden atraer empresas y así elevar su recaudación impositiva en perjuicio de sus socios. Oxfam estima que el sistema holandés le cuesta al resto del mundo unos 22.000 millones de euros anuales.

España perdió más de 4.000 millones de euros en 2019, por los desvíos de beneficios de las multinacionales a los paraísos fiscales, según distintas investigaciones.

Los gigantes estadounidenses (Google, Apple, Intel, Meta y Pfizer) han establecido sus bases en Irlanda para pagar menos impuestos en otros países. Gracias a la competencia impositiva desleal desde 2014 ese país ha logrado doblar su economía, mientras que el conjunto de la UE ha crecido un 23%, según Eurostat

Hay otra Europa que interesa. La que representan países como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia y Alemania con una alta conciencia fiscal de sus ciudadanos y empresas. Son Estados con menos desigualdades que persiguen que la seguridad jurídica sea un valor efectivo tanto para las compañías como para los ciudadanos.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, busca el terreno de juego más favorable y no duda en utilizar las instituciones nacionales o europeas para optimizar los beneficios de su empresa. Es deber de los gobiernos democráticos establecer sistemas fiscales que defiendan los intereses ciudadanos y derechos del Estado de bienestar, claramente amenazado.

Ante el desafío fiscal, los juristas de ATTAC, Alex Madariaga, Xavier Martínez Gil y Jaume García recordaban recientemente en Barcelona el mandato Constitucional: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Los ciudadanos precisan más protección en esta desigual batalla. Los Estados y la UE se juegan su propia existencia y no deberían vacilar en actuar ante el omnímodo poder de las corporaciones, cuyas actuaciones.

ANDREU MISSÉ  6 marzo 2023