En el año 1997, con José María Aznar como presidente del Gobierno español y Juan Villalonga como presidente de Telefónica, el Estado acometió la privatización del 21% que mantenía en el capital del histórico monopolio español de telecomunicaciones, procediendo así a su privatización total
Veintiséis
años después a fecha de hoy en diciembre del 2023, el Estado compra un 10 % del
capital de Telefónica y se convierte en el primer accionista de Telefónica
¿Si
en 1997 el Estado español necesitaba dinero por qué José María no se endeudó
para evitar la privatización si el dinero de los compradores de Telefónica también
fue un dinero conseguido con deuda? ¿O acaso para el acreedor no es más
seguro un deudor que sea un Estado que un deudor privado por sólido que sea?
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Ver a continuación el contenido del artículo de prensa de lamarea
Privatizar para renacionalizar de modo parcial a los 26 años: los ruinosos
vaivenes del Estado con Telefónica
La
privatización de Telefónica se culminó en 1997 con la venta del último 20,9%
por 3.786,38 millones de euros (el Estado llegó a tener el 31,86%).
La actual ministra de
Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró que “Telefónica
es la empresa más estratégica de España”, después de que el operador
de Arabia Saudí, STC Group, anunciara la compra del 9,9% de la compañía (operación
que aún no se ha
formalizado). Ahora, en lo que parece una clara
respuesta a esta hipotética y potente llegada de capital extranjero, el Estado,
a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), está estudiando
la posibilidad de entrar de nuevo en el accionariado de la teleco, después de su privatización en 1997.
En un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado 30
de octubre, se informó de que la SEPI lleva tiempo monitorizando la situación
de Telefónica, SA “y está llevando a cabo un análisis exploratorio interno
relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha
compañía”. Dicho análisis, aclaran, “no presupone la adopción de una decisión
que suponga dicha adquisición”.
De hacerse,
supondría renacionalizar Telefónica muy parcialmente, 26 años
después de haberla privatizado. La gran diferencia es que el Estado llegó a
poseer el 31,86% de la teleco, y ahora (aunque de momento sólo son
elucubraciones) se habla de que podría adquirir un 5%.
El error de la privatización de
Telefónica
Esto revelaría, según el
profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y
responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato,
“el disparate que supuso la privatización de Telefónica y de otras empresas
públicas estratégicas». «Demuestra que no se pueden dejar empresas que son
oligopolio o monopolios, o que están en sectores especialmente sensibles, en
manos de intereses privados”, analiza.
A esto se refirió
Joaquim Vergés, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universitat
Autónoma de Barcelona, en su estudio Balance de
las políticas de privatización de empresas públicas en España (1985-1999), publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. “La
hipótesis de que ciertas grandes privatizaciones vienen explicadas por la
necesidad o conveniencia de desmonopolizar y/o desregular una determinada
actividad o sector resulta, a pesar de lo que sugieren los planteamientos
habituales, difícil de sostener en el caso de empresas como Campsa, Enagás, Retevisión, Telefónica o REE», afirmó Vergés. «En éstas –añadía– se han
privatizado actividades que presentan características de monopolio natural,
manteniéndose (total o parcialmente) la situación de monopolio de las empresas
en cuestión (situación de monopolio sobre la que difícilmente se podría defender
lo contrario en términos de racionalidad económica)”.
Recuperar la teleco
La privatización de
Telefónica comenzó con Felipe González (PSOE) y terminó
con José María Aznar (PP) en febrero de 1997, mediante
una Oferta Pública de Acciones (OPV) sobre el 20,9% que
todavía mantenía el Estado. Lo que supuso unos ingresos, de acuerdo con la
SEPI, de 3.786,38 millones de euros. Fue la mayor OPV realizada en España hasta
esa fecha.
En un artículo
publicado en Mundo Obrero, Sánchez Mato cifra en 23.900 millones de euros el dinero que el
Estado ha dejado de percibir por salirse de Telefónica: 20.002 millones por
los dividendos no percibidos entre 1997 y 2003 y 10.102 por el valor de la
participación estatal (que fue del 31,86%). A esto habría que restarle, con los
cálculos de Mato, los ingresos por la privatización (3.786,38 millones) y las
ampliaciones de capital que se ha ahorrado el Estado: harían un total de 6.139
millones de euros.
Es decir, comenta el
economista, no sólo fue un grave error, sino también un “negocio ruinoso”.
Puesto que, a precio de mercado, la adquisición ahora por parte del Estado del
5% de Telefónica (que es el porcentaje con el que elucubran diversos medios)
supondrían unos 1.100 millones de euros. No obstante, aclara, estas operaciones
se hacen fuera de mercado y las fórmulas para rubricarlas son múltiples, por lo
que no se puede conjeturar con lo que tendrá que pagar el Estado si finalmente
retorna al accionariado de la compañía presidida por José María
Álvarez-Pallete.
Con un 5% se puede tener el control
Actualmente, según
la web oficial de Telefónica, las participaciones significativas en la
empresa son: BBVA (4,87%), Blackrock,
Inc (4,48%) y CaixaBank (3,5%). Ergo, con un 5%, el Estado sería el
mayor de los minoritarios (siempre a la espera de lo que acabe pasando con el
operador saudí).
Respecto al poder que
el Estado podría ejercer sobre la compañía con ese 5%, Sánchez Mato sostiene: “Con
un 5%, un Gobierno decidido puede hacer que Telefónica sea un instrumento
público potente. Y con un 99,9%, un Gobierno que no quiera puede hacer que
no valga de nada. Así que todo depende de la voluntad del Ejecutivo. Pero el
PSOE no está en ésas”.
El Estado,
además, tiene un 17%
de CaixaBank (a su vez accionista de
Telefónica) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB).
En respuesta a STC
Lo que sacudió el
avispero fue el anuncio por parte de STC de que había adquirido una participación del 9,9% en Telefónica, por
un importe total de 2.100 millones de euros.
La inversión,
explicaron, se realizó mediante la adquisición de acciones representativas del
4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que confieren
una exposición económica sobre otro 5,0% del capital. STC Group, detallaron,
obtendrá los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación
física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las
autorizaciones regulatorias necesarias. El grupo saudí también aclaró que no
tenían la intención de adquirir el control o una participación
mayoritaria en Telefónica.
Que el porcentaje
total estuviera por debajo del 10% evitaba que STC se topara con una parte
del Real
Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, el llamado ‘escudo antiopas’.
Pero chocaba con otra,
la referida en el artículo 18 respecto a que las inversiones extranjeras (entre
el 5% y el 10%) en actividades directamente relacionadas con la defensa
nacional (como es el caso de Telefónica) sí precisan de la anuencia del Ministerio
de Defensa.
Pero es probable que
también soslayen esta exigencia, ya que, como apunta elEconomista.es, los saudíes podrían haber renunciado a convertir en acciones ese 5% y,
por tanto, pretenderían mantener el 4,9% actual.
Sánchez Mato también
sostiene esta teoría: es posible que no fuera más que un negocio financiero,
comenta, “pero lo han convertido en un problema de país”. Y en STC, continúa,
“al ver la escandalera que se ha montado, habrán pensado que qué necesidad
tienen de meterse en este bochinche. Convierten lo que no les exige
autorización, y se llevan bien con todos, incluido su amigo el monarca
español”.
Más de 43.000 millones de euros para el Estado por las privatizaciones
desde 1984
La privatización de
Telefónica, que ahora podría revertirse parcialmente, es sólo una de las
muchas que se produjeron en España desde 1984 hasta la actualidad.
Entre 1984 y 1996,
cifran en la SEPI, se realizaron en torno a 70 operaciones de venta de
participaciones públicas, y el Estado ingresó más de 13.200 millones de euros.
A partir de 1996,
agregan, tras la aprobación (el 28 de junio) del llamado Programa de
Modernización del Sector Público Empresarial, “las privatizaciones fueron
programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de
determinados sectores, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la
comunicación y algunas empresas de servicios públicos”.
En ese periodo, salen
totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las
principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española,
como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por
carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc. También se
vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras
sociedades.
La mayor parte de
estas privatizaciones las realiza SEPI, a las que hay que añadir las
ejecutadas, hasta su integración en esta Sociedad Estatal, por SEPPa y por la
Agencia Industrial del Estado.
Los ingresos generados
por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000
millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las
operaciones de venta concretadas a través de OPV.
Esto hizo, como
detalla el economista Eduardo Garzón, en La Marea, que España pasara de tener 130 empresas públicas estatales participadas
mayoritariamente y de forma directa en 1985, a sólo 16 en 2019. Y de 800
empresas en 1985 con participación indirecta o minoritaria, a 100.
En este momento, la
SEPI abarca 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, y dispone
de participaciones directas minoritarias en 10 empresas e indirectas en más de 100
sociedades.
El proceso privatizador en España
Germá Bel y Antón
Costas, de la Universitat de Barcelona, analizan este desaforado proceso
en La
privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política. Sitúan el inicio en la creación del Instituto Nacional de
Industria (INI) en 1941. En 1976, éste ya se había convertido en el
principal grupo industrial de España.
Entre 1977 y 1984,
relatan, España experimentó una profunda crisis económica que –como señalan
Martín Aceña y Comín en su estudio sobre los 50 años de
industrialización de España desde la creación del INI– provocó “el
desembarco masivo en el holding de empresas privadas en
dificultades”. El INI, completan Bel y Costas, “fue empleado como hospital de
empresas”.
Posteriormente,
continúa el estudio, tras la llegada del PSOE al Gobierno, en diciembre de
1982, se abordó en el bienio 1983-1985 un proceso de saneamiento de la economía
española, que fue el más intenso desde el inicio de la crisis. Tras este
periodo, España abordó su integración en un espacio económico más amplio:
la Comunidad
Económica Europea. Este escenario llevó, desde mediados
de la década de los ochenta, a un incipiente proceso de privatización de
empresas del sector público.
Las privatizaciones
entonces, por lo general, tenían el objetivo de reducir gastos y conseguir
ingresos para la Hacienda Pública. Entre 1985 y 1991, se privatizaron 7,6
empresas de media al año.
La privatización como instrumento de
política económica
En la década de los
90, indican, se aceptó la idea del empleo de la privatización como instrumento
de política económica. Son paradigmáticas las palabras del ministro Aranzadi en
1922: “En este país, el único gobierno que ha privatizado es el socialista. La
derecha, ya sea en la época franquista, ya sea en la época democrática, lo
único que ha hecho es incorporar al sector publico empresas, como si fuese un
hospital”.
Sin embargo, entre
1992 y 1996 hay una clara ralentización: se privatizan un promedio de tres
empresas al año.
También en esa época,
recuerda Garzón, se firmó el Tratado de Maastricht, que sentaba las
bases para la introducción de la moneda única. Puesto que uno de los requisitos
para poder formar parte de la unión monetaria era tener déficit público
inferior al 3% del PIB, subraya, “el Gobierno de Felipe González
encontró la excusa perfecta para vender las joyas de la corona”. Así, se
desprendieron, entre otras, de Endesa, Repsol, Argentaria o Ence.
El PP no ocultó que era cuestión de
ideología
En mayo de 1996,
recuerdan Bel y Costas, el PP accedió al Gobierno de España. Y fue
directo: el ministro de Industria, Josep Piqué, señaló: “La
reordenación del sector publico industrial del Estado va a incluir en su seno
el Plan Estratégico de Privatizaciones, que es un compromiso de investidura del
presidente del Gobierno”.
Dicho plan clasificaba
a las empresas públicas en cuatro grupos: las inmediatamente privatizables, las
que precisaban la previa desregulación de los sectores, las que necesitaban
antes un saneamiento patrimonial y las que no eran privatizables ni a corto ni
a medio plazo.
En este periodo, las
privatizaciones recuperan la intensidad del primero. Había, sostienen los
autores del estudio, plena convicción de la superioridad sistemática de la
gestión privada.
Por ello, enfatizan, “el
Gobierno del Partido Popular situó la privatización en el núcleo de su política
económica. Las motivaciones reveladas fueron más de carácter económico,
relacionadas con la mayor eficiencia de la empresa privada, que de carácter
financiero”.
La Marea Óscar F. Civieta 3 noviembre 2023
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