Una vez más, una directiva europea podría ser
clave para remediar la indefensión de miles de deudores hipotecarios. En 2023
España tiene que adaptar su legislación a la directiva europea 2021/2167, que
eleva la protección a los ciudadanos que han visto cómo sus hipotecas que no
pudieron pagar fueron vendidas a fondos extranjeros (buitres), muchos en
paraísos fiscales a precios muy devaluados, (hasta la décima parte de su
valor), mientras sus compradores podían seguir reclamándoles el 100% de su
deuda. Todo ello ocultándolo al deudor.
Durante la última década, los bancos han
vendido cientos de miles de inmuebles y préstamos a fondos oportunistas, a
precios tirados. Según Axis Corporate, las ventas han ascendido a 213.850
millones de euros entre 2008 y 2021. No precisa el número de viviendas
afectadas. El artículo 1.535 del Código Civil, inspirado en principios de
"humanismo y benevolencia" del derecho romano, permite que el deudor
pueda liberarse de su deuda abonando lo que había pagado el comprador. Así lo
han interpretado algunos jueces y Audiencias como la de Girona, que permitían a
los deudores saldar sus deudas abonando el precio pagado por los fondos.
Esta posibilidad fue rechazada en 2015 por el
Tribunal Supremo, que optó por priorizar los intereses de los bancos. Consideró
que había que tener en cuenta el "intenso proceso de reestructuración y
reforzamiento de los recursos propios del sistema financiero de este país,
sumido en una profunda crisis" y que por ello "no hay cabida para que
los deudores puedan retraer las operaciones que dejaron impagadas y en
situación de litigiosidad".
Una interpretación calificada de "muy
restrictiva" por destacados juristas, como el magistrado Edmundo
Rodríguez. Otro magistrado, Diego Gutiérrez, estima que "el problema es
que el Tribunal Supremo está imbuido de presupuestos neoliberales y piensa que
hay que ayudar al sistema financiero". En su opinión, "con la
legislación vigente ya teníamos herramientas para hacer una interpretación más
favorable al deudor". En Las
falacias económicas que repercuten en la jurisprudencia (Boletín 86 de
Juezas y jueces para la Democracia) considera que "el verdadero problema
ha sido el endeudamiento privado" y que la mejor solución para la economía
es la reducción de la deuda de los particulares.
La mayor sensibilidad del Supremo con la banca
se comprende si tiene en cuenta que el ponente de la referida sentencia fue
Sebastián Sastre Papiol, quien antes de ser nombrado magistrado por el Consejo
General del Poder Judicial en 2012, había sido director de los servicios
jurídicos de La Caixa durante 25 años. Contradicción que ya había sido
destacada por reconocidos juristas como Fernando Zunzunegui y Fernando Gomá.
El Supremo ha mantenido su postura en posteriores sentencias. Solo una ley puede equilibrar la situación. El Gobierno debe transponer cuanto antes la directiva para elevar los derechos de los deudores y asegurar que tengan toda la información de estas ventas opacas, incluido el precio que ahora no tienen.
Andreu Missé 9 enero 2023
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