La decisión de Ferrovial
de trasladar su sede a los Países Bajos, un país conocido por los privilegios
fiscales a las empresas, es un serio desafío para el Estado de bienestar. La
decisión de la constructora, que ha crecido al amparo de la obra pública del
Estado y se ha convertido en una poderosa multinacional gracias a su capacidad
tecnológica, nos abre los ojos ante los retos de la economía global. Un mundo
en que el poder de las multinacionales supera cada vez más al de los Estados y
al de las entidades supranacionales como la Unión Europea.
La excusa del traslado
para facilitar la cotización de la compañía en Nueva York resulta poco
convincente. Varias empresas españolas cotizan en Estados Unidos sin necesidad de
cambiar de sede. Telefónica fue autorizada a operar en Wall Street en 1987.
La búsqueda de ventajas
fiscales es una de las motivaciones básicas de la iniciativa. La compañía habría
explorado los sistemas de otros países de baja tributación como Luxemburgo e Irlanda
Ferrovial aprovecha las
debilidades de la UE en materia fiscal. Un agujero que impide a la Unión
avanzar en la cohesión europea. Situación de la que se aprovechan Países Bajos.
Irlanda, Malta, Chipre y Luxemburgo, que con sus sistemas fiscales especiales,
pueden atraer empresas y así elevar su recaudación impositiva en perjuicio de
sus socios. Oxfam estima que el sistema holandés le cuesta al resto del mundo
unos 22.000 millones de euros anuales.
España perdió más de
4.000 millones de euros en 2019, por los desvíos de beneficios de las
multinacionales a los paraísos fiscales, según distintas investigaciones.
Los gigantes
estadounidenses (Google, Apple, Intel, Meta y Pfizer) han establecido sus bases
en Irlanda para pagar menos impuestos en otros países. Gracias a la competencia
impositiva desleal desde 2014 ese país ha logrado doblar su economía, mientras
que el conjunto de la UE ha crecido un 23%, según Eurostat
Hay otra Europa que
interesa. La que representan países como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia
y Alemania con una alta conciencia fiscal de sus ciudadanos y empresas. Son
Estados con menos desigualdades que persiguen que la seguridad jurídica sea un
valor efectivo tanto para las compañías como para los ciudadanos.
El presidente de Ferrovial,
Rafael del Pino, busca el terreno de juego más favorable y no duda en utilizar
las instituciones nacionales o europeas para optimizar los beneficios de su
empresa. Es deber de los gobiernos democráticos establecer sistemas fiscales
que defiendan los intereses ciudadanos y derechos del Estado de bienestar,
claramente amenazado.
Ante el desafío fiscal,
los juristas de ATTAC, Alex Madariaga, Xavier Martínez Gil y Jaume García
recordaban recientemente en Barcelona el mandato Constitucional: "Toda la
riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general". Los ciudadanos precisan más protección en
esta desigual batalla. Los Estados y la UE se juegan su propia existencia y no deberían
vacilar en actuar ante el omnímodo poder de las corporaciones, cuyas
actuaciones.
ANDREU MISSÉ 6 marzo 2023
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