Uno de los documentos de los llamados ‘Papeles de Bárcenas’ en los que el extesorero del PP anotó una supuesta doble contabilidad que tenía el PP y que él controlaba. EL PAÍS
OPINIÓN El País 31 octubre 2021
El
Partido Popular se financió ilegalmente con dinero negro donado por grandes
empresarios, la mayoría contratistas del Estado, que pusieron casi ocho
millones de euros entre 1990 y 2009. Esas aportaciones sirvieron para abonar
sobresueldos a dirigentes del partido y pagar distintos servicios, entre ellos, la reforma de la sede central del PP en la calle de Génova.
Esta
verdad judicial —la existencia de una caja b en un partido político que ha
gobernado España 15 de los 44 años de la reciente etapa democrática— fue
ratificada hace un año por el Tribunal Supremo cuando avaló la primera
sentencia del caso Gürtel y ha sido apuntalada ahora por la Audiencia
Nacional en el fallo sobre los denominados papeles de
Bárcenas, la contabilidad paralela que destapó EL PAÍS el 31 de enero de
2013.
Casi
nueve años después de aquella publicación, los hechos probados de la sentencia
establecen que Bárcenas “gestionó los fondos en metálico aportados al PP como
donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de
cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por
tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. Esa contabilidad
paralela reflejó, según la sentencia, “acontecimientos cuya realidad ha quedado
acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas
de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las
obras de reforma de la sede central del PP en la calle Génova 13 de Madrid”.
José
María Aznar —durante cuyo mandato nació y se desarrolló este sistema de
financiación ilegal— y Mariano Rajoy —que no solo no eliminó ese sistema cuando
dirigió el partido, sino que ascendió a tesorero nacional a quien era conocedor
y gestor del mecanismo corrupto— han negado en sede judicial que existiera una caja b en el
PP. Todos los secretarios generales del partido que convivieron con
ese instrumento tóxico de dinero oculto a la Hacienda Pública han mantenido la
misma versión que Aznar y Rajoy ante los tribunales. Después de tres sentencias
sobre el caso, produce sonrojo recordar el testimonio de dos presidentes del
Gobierno y numerosos ministros del PP, incapaces de mostrar preocupación por la
investigación sobre el funcionamiento corrupto de la organización que
encabezaron.
Lo
más cerca que estuvieron de admitir alguna responsabilidad política fue cuando
varios de ellos llegaron a sugerir que si la caja b existió realmente, no era
del partido, sino de Luis Bárcenas. Pero esa excusa pretendidamente absolutoria
se ha demostrado falsa, porque la mayoría de los gastos acreditados de esa caja
b solo han beneficiado al PP como partido o a sus líderes. Pensar que Bárcenas
pudo ser un dirigente político altruista capaz de usar el dinero negro que
obtenía para hacer obras en la sede del PP o pagar sobresueldos a los
dirigentes del partido es un ejercicio intelectual absurdo que va contra todas
las leyes de la lógica.
Tres
sentencias, una de ellas firme, consideran a estas alturas suficientemente
probado que el PP se financió ilegalmente, pero todavía nadie en esa formación política ha pedido perdón por
unos hechos probados en resoluciones judiciales cuyo recuerdo manchará por
muchos años la imagen de un partido con vocación de gobierno.
El
actual líder del PP, Pablo Casado, se ha negado a pedir perdón porque
no participó en los hechos y tan solo se atrevió a anunciar hace meses que
vendería la sede central para intentar borrar así uno de los símbolos de la
corrupción del PP. Pero la venta de Génova 13 todavía no se ha producido y
Casado sigue gestionando desde el silencio su respuesta a las sentencias que
condenan al PP por prácticas corruptas. Todavía quedan media docena de juicios
por corrupción que salpican al partido.
Tampoco
ha pedido disculpas el Partido Popular por la campaña emprendida contra el diario EL PAÍS tras la publicación de los papeles de
Bárcenas. Desde los principales dirigentes populares (sus
secretarios y vicesecretarios generales) hasta distintos cargos públicos y
empresarios que aparecían citados en esos papeles, presentaron demandas contra
EL PAÍS y acusaron a este periódico de injurias y calumnias por publicar
falsedades, además de reclamar fuertes cantidades de dinero por el perjuicio
causado.
Todas
esas demandas fueron archivadas por distintos jueces, pero la campaña de
descrédito que el PP puso en marcha contra EL PAÍS durante aquellos años sigue
intacta pese a las sentencias conocidas, sin que nadie de la formación política
se haya sentido obligado a desdecirse de tantas acusaciones infundadas. Aquella ofensiva judicial del PP contra EL PAÍS pretendió
atemorizar y amordazar a un medio de comunicación que lo único que persiguió
con la publicación de los papeles de Bárcenas fue denunciar
las prácticas corruptas en la vida política española y favorecer la
regeneración democrática.
El
juicio y la sentencia de los papeles de Bárcenas cierran uno
de los capítulos más negros en la historia del Partido Popular. La Audiencia
Nacional solo ha podido juzgar dos de los 19 años de prácticas corruptas que
quedaron registrados en los papeles de Bárcenas. Pero ni los
empresarios que donaron grandes cantidades de dinero opaco ni los dirigentes
populares que recibieron parte de ese dinero sin declararlo a Hacienda
responderán por aquellos hechos ante los tribunales de justicia, aunque la
opinión pública se haya hecho una idea de lo ocurrido a través de lo ya juzgado
y sentenciado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario